La contestada ley de sostenibilidad energética da los últimos pasos para poder entrar en vigor el próximo 1 de enero. Hoy está previsto que la Comisión de Industria y Energía del Congreso vote las enmiendas a esta norma que tiene un carácter eminentemente fiscal o recaudatorio con el fin de eliminar el déficit de tarifa que ya suma más de 30.000 millones de euros. Después vendrá, según el ministro de Industria, José Manuel Soria, una nueva ley para el sector que modificaría más en profundidad el funcionamiento del sistema, con una drástica reducción de los clientes con derecho a acogerse a tarifas.

Aunque en la jornada de hoy se podría introducir alguna nueva enmienda de las presentadas por los diversos grupos parlamentarios, en principio los cambios no parecen que vayan a ser muy significativos. Además de que parte de las primas a las energías renovables se financien a través de los Presupuestos del Estado, la mayor parte de las reivindicaciones de las eléctricas tradicionales, de las empresas de energías renovables o de los consumidores industriales no van a ser recogidas en el texto definitivo. Según los datos aportadas por la Comisión Nacional de la Energía, las primas al régimen especial fueron de 6.882,63 millones en el acumulado de septiembre, un tema por el que Soria ha manifestado su preocupación.

Industria prevé que la tasa del 6% a la generación, el céntimo verde y los impuestos adicionales a las centrales hidráulicas y nucleares, que supondrán una recaudación de 2.730 millones, sirvan para poner orden en el sistema. Pero esta visión no es compartida no ya por las eléctricas y otras generadoras sino también por los consumidores industriales que perciben que el aumento de los costes energéticos les resta peligrosamente competitividad. Industria sí ha permitido que tres grandes empresas industriales: Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc, puedan acogerse a la cláusula de interrumpibilidad del consumo que les permite reducir la factura eléctrica.