El estudio de Alteba, compañía especializada en gestión inmobiliaria, estima que estos gastos provienen de las ejecuciones, el mantenimiento y la comercialización de los inmuebles embargados  a raíz de la crisis económica desde 2007. El informe considera estos 7.500 millones como una estimación a la baja de unos costes que podrían llegar incluso a superar los 10.000 millones si se computaran todas las partidas que se destinan a gestionar el patrimonio adquirido por vía judicial, por el aumento de la morosidad.

Alteba maneja datos del CGPJ (Consejo general del Poder Judicial), según los cuales desde 2007 hasta el primer semestre de 2012 se han producido casi 400.000 ejecuciones hipotecarias; como consecuencia de ellas, hasta el momento 203.808 personas o familias han perdido sus casas en este periodo y otras 160.000 más están camino de hacerlo durante el año 2013 y primeros meses de 2014. Según los datos elaborados por Alteba a partir de la información de la Asociación Hipotecaria Española, el importe medio ponderado de las hipotecas españolas entre los años 2007 y 2011 se situó en torno a 127.000 €. Con unos gastos que se sitúan entre el 15 y el 20% de este importe, las 400.000 ejecuciones costarán a la banca más de 7.500 millones de euros.

Tal y como demuestran los datos, la  morosidad continua creciendo con una variación interanual superior al 15% alcanzando una tasa de un 3,16% en el segundo trimestre del 2012. Esto provoca un crecimiento del número de ejecuciones hipotecarias.

El hecho de que casi el 8% de las hipotecas residenciales españolas estén o hayan estado en proceso ejecutivo, demuestra, según Alteba, que a pesar del esfuerzo de las entidades financieras por evitar las ejecuciones hipotecarias, dicho esfuerzo no ha sido suficiente. La firma del Código de Buenas Prácticas ha sido una buena prueba de ello, imponiendo las entidades unos umbrales mínimos de casi imposible cumplimiento, que desde el principio estaban abocados al fracaso, estima la compañía.

Alteba propone introducir la exigencia de que un tercero independiente pueda certificar el cumplimiento de unos mínimos requisitos de carácter socioeconómico para proceder a la toma de decisiones, tales como aceptar la dación en pago, la preferencia en acceder a viviendas sociales, la moratoria en la ejecución etc., lo que «permitiría acciones inmediatas para frenar las ejecuciones hipotecarias y desahucios de aquellos deudores que sean críticos sociales, sin necesidad de alterar las normas hipotecarias en un momento tan delicado para el país».

Para ello, Alteba ha puesto en marcha el proyecto VIVIREMOS que pretende evitar hasta un 50% de los desahucios a través de la mediación social. Se ofrece al deudor una salida que, en algunos casos, permita agilizar y abaratar los costosos procesos judiciales, y evite los dramas sociales que forman parte del «paisaje cotidiano» de estos tiempos de crisis.