La contestada ley de sostenibilidad energética ha dado en el Congreso los últimos pasos para poder entrar en vigor el próximo 1 de enero. La Comisión de Industria y Energía del Congreso votó ayer viernes las enmiendas a esta norma que tiene un carácter eminentemente fiscal o recaudatorio con el fin de eliminar el déficit de tarifa que ya suma más de 30.000 millones de euros. Lo más destacado de ayer es que el PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo para dejar patente que el dinero que se obtenga de los nuevos impuestos a las eléctricas se destinen a eliminar el déficit tarifario, que es ahora uno de los principales problemas del sector. Con esta concreción se intentaría evitar que Hacienda lo dedique a otros destinos.

Después de ese pacto y para llegar al acuerdo, el PP ha retirado la enmienda que tenía como objetivo que los Presupuestos Generales del Estado financiarán parte de las subvenciones a las renovables, un 38,3%. Un porcentaje que superaría los 2.800 millones de euros con la situación actual. Según los datos aportados por la Comisión Nacional de la Energía, las primas al régimen especial fueron de 6.882,63 millones en el acumulado de septiembre, una evolución al alza por la que Soria ha manifestado su preocupación.

Este cambio ha producido cierta inquietud en expertos del sector, que estiman que la aportación de los presupuestos se decantaba como una medida más eficaz para eliminar una deuda acumulada y para evitar que crezca en el futuro. Por el contrario, opinan que ahora las eléctricas tienen menos armas para atajar ese agujero y equilibrar el sistema.

Industria prevé que la tasa del 6% a la generación, el céntimo verde y los impuestos adicionales a las centrales hidráulicas y nucleares, que supondrán una recaudación de 2.730 millones, sirvan para poner orden en el sistema. Pero esta visión no es compartida no ya por las eléctricas y otras generadoras sino también por los consumidores industriales que perciben que el aumento de los costes energéticos les resta peligrosamente competitividad y que, pese a sus advertencias, no se ha recogido ninguna de sus peticiones en el trámite de la ley en el Congreso. Por el contrario, Industria sí ha permitido que tres grandes empresas industriales: Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc, puedan acogerse a la cláusula de interrumpibilidad del consumo que les permite reducir la factura eléctrica.