La industria y otros grandes consumidores energéticos no han sido precisamente los ganadores de las primeras etapas – y más importantes- que ha atravesado la ley de sostenibilidad energética que ya ha sido aprobada por el Congreso. Ni en la fase final de la elaboración por parte del Gobierno ni en el trámite en la cámara baja han logrado que se recogiesen sus reclamaciones, por más que se hayan manifestado en contra de algunos puntos que, en su opinión, les va a restar competitividad. Sólo tres grandes empresas -Alcoa. Arcelor y Asturiana de Zinc- han conseguido uno de sus objetivos más preciados que les permitirá reducir sus costes eléctricos.

Varias patronales, entre ellas las de los sectores de cogeneración, papel, metal, siderurgia, fundición, química, alimentación y bebidas y material de construcción, han señalado que las tasas que se imponen a la generación -un 6% global, además de otros gravámenes a las centrales nucleares e hidráulicas- repercutirán en los consumidores. Como también lo hará el llamado céntimo verde, que se aplicará, sino cambia el texto legal, tanto a la producción de electricidad, la cogeneración como al consumo directo. Este último punto es en el que puedan tener más posibilidades de éxito en el trámite en el Senado, según fuentes consultadas. En esta línea se mantienen contactos con representantes de la cámara alta para una propuesta que plantearía una significativa reducción de esa tasa y su acotación en el tiempo.

Estas compañías han lamentado en varias ocasiones que el Ministerio de Industria haya sido poco sensible al posible impacto en los consumidores de las medidas recaudatorias que, según expertos de bancos de inversión, brokers y las propias eléctricas, se trasladarán a las facturas, ya sea en los contratos en el mercado o en la tarifa. Y han añadido que no han tenido en cuenta que ese impacto se pueda traducir en menos exportaciones, recorte de empleo y en deslocalizaciones de industrias.

Además el trámite de la ley en el Congreso ha contado al final con una sorpresa. El PP ha retirado la enmienda que suponía pasar a los Presupuestos Generales del Estado parte de las subvenciones a las energías renovables, casi 2.800 millones de euros con los datos actuales, con el compromiso de que el dinero recaudado con las tasas a la generación y con el céntimo verde pasen directamente a solventar el déficit de tarifa que ya suma más de 30.000 millones de euros, sin que Hacienda lo pueda destinarle a otros fines.

Que las primas fueran a presupuestos ha sido una medida criticada con rotundidad por las asociaciones de renovables, que temían tenerse que enfrentar todos los años al mismo tema de negociación con el Ejecutivo, mientras que a las eléctricas les pareció una solución aceptable. Una vez más parece que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se ha impuesto al titular de Industria, José Manuel Soria. Y, por tanto, empresas como Abengoa o Acciona salen aliviadas, después de sufrir la primera importantes caídas en Bolsa en parte por ese tema.

Mientras, una fuerte liberalización del sistema tarifario, varios millones de consumidores pueden perder el paraguas de la tarifa, se decanta como la «compensación» a las eléctricas integradas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, E.on y HC. Pero ya será una cuestión de la nueva ley eléctrica