Pocas veces una letra pequeña delató un agravio tan grande. Como donde hay BOE no manda titular, por engañoso que sea, lo que se envolvía en el celofán de una medida social de alcance se ha quedado en un arbitrario parche para salir del paso. La ira social por los desahucios sólo ha servido, de momento, para disfrazar de urgente lo que, tanto para estos gobernantes como para los anteriores, fue un asunto perfectamente aplazable pese a ser un drama de primer orden. Baste recordar que la única medida a este respecto que se recuerda en la gestión de la ex titular de Vivienda socialista, Carme Chacón, fue el compromiso de abrir juzgados que los agilizaran. Debía ser por aquello de lo malo si breve dos veces impresentable. La mala conciencia del actual Ejecutivo por esos suicidios que tanto afean los informativos no ha llegado a tanto como para que prevalezca un derecho constitucional sobre los intereses de los bancos por mucho que se quejen. De hecho, ese delator BOE, que al fin y al cabo es el que corta el bacalao legislativo, recoge que durante los dos años de suspensión del embargo los intereses de la deuda seguirán creciendo.

Es decir, la entidad no pierde los derechos económicos que, a fin de cuentas, es lo que más le importa habida cuenta de cómo está el mercado inmobiliario actual. No tengo ahora un piso que malamente venderé pero, mientras tanto, mantengo a buen recaudo el porcentaje de mi usura. Y eso si el deudor es un banco ya que si es un tercero, llámese por ejemplo inmobiliaria, la familia se quedará en la calle aunque cumpla los numerosos requisitos que se exigen para que no sea así aunque sea temporalmente. Tan vergonzante es esta caprichosa contabilidad que una mujer soltera con un hijo no accedería a los ‘beneficios’ de la normativa, pero una con dos sí. Como detrás de cada dato late una historia estremecedora hace pocos días se conocía el testimonio de una madre con un hijo diabético de cinco años que estaba en el umbral de la expulsión de su hogar.

¿Es algo mejor que nada? Normalmente sí. Sin embargo en asunto tan capital para la dignidad humana caben pocos grises por no decir ninguno. Quien santifica la Constitución a su antojo debe saber que dejar a miles de familias desamparadas, sin trabajo, sin recursos, sin casa ni futuro es vulnerar esa ley de leyes de modo más lesivo que lo sería fijar las fronteras en otro lugar si los ciudadanos así libremente lo deciden. Mientras haya casas vacías de codiciosos bancos a quienes luego saneamos con nuestro dinero, y las hay a miles, permitir por acción u omisión que miles de personas de bien se queden con la puta calle como horizonte es un delito que si no se tipifica en el Código Penal al menos debería regir en la responsabilidad de quien gobierna.