En el Eurogrupo están trabajando contrarreloj para lograr este martes ponerse de acuerdo en el desbloqueo de la ayuda a Grecia, necesitada de 32.600 millones de euros para no suspender pagos en los próximos días. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los responsables de Finanzas europeos y el FMI añade más leña al fuego.

El problema al que se enfrentan todos es cómo reducir la deuda griega, a sabiendas de que no es posible demorar más la decisión. La Comisión Europea «está trabajando a toda máquina» con los socios de la troika (FMI y BCE) para facilitar el acuerdo en la reunión prevista para la tarde/noche de este viernes, según confirmaba el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’connor, quien confirmaba que el objetivo era garantizar la sostenibilidad de la deuda griega.

Pero, mientars O’connor se mostraba optimista sobre el acuerdo, las posibildiad del mismo se reducían al conocer las opiniones de Alemania y Holanda, cuyos representantes no solo mencionaban la dificicultad de lograr este martes el acuerdo, sino que apuntaban a la reducción del peso de la deuda griega como el principal obstáculo para que el consenso sea posible.

Tampoco se ha despejado cómo se van a financiar los 32.600 millones de euros que necesita Grecia con urgencia, cantidad fijada por la troika tras visitar el país heleno. El resto de las condiciones para aprobarlo se basan en las exigencias fijadas a Grecia, que según el Eurogrupo se están cumpliendo por parte del Gobierno heleno para que el nuevo tramo del rescate le sea abonado. Como se recordará el Parlamento griego aprobó un nuevo plan de ajuste de 13.500 millones de euros. Por este motivo, Bruselas además accedió a concerder dos años más a grecia para corregir su déficit. Sin embargo, la reticencia del grupo de países

Las mayores reticiencias del FMI provienen de que quiere garantías de que Grecia conseguirá reducir su actual 190% del PIB de deuda al 120% en 2020, y considera que para que lo pueda lograr serán los países de la eurozona los que deben asumir pérdidas en los préstamos que realicen a Grecia. Pero esta exigencia no es compartida por la mayor parte de los países afectados, incluida España cuya exposición a la deuda helena asciende a 25.000 millones de euros, que rechazan la quita y piden que el objetivo del 120% de deuda se amplíe hasta 2022.

Otra de las cuestiones que también deben decidir es cómo lograr financiación adicional (hasta llegar a los 44.000 millones) para lo que se baraja reducir aún más los tipos de interés (decisión que solo compete al BCE) y ampliar los plazos de devolución de los créditos entregados hasta ahora.

Un sí con condiciones

Pese a todas las negociaciones entre bambalinas, fuentes comunitarias aseguran que los ministros de Finanzas de la eurozona van a dar este martes su visto bueno provisional al desembolso de 44.000 millones de euros, aunque dicho dinero no llegará a Grecia hasta el 5 de diciembre. Tiempo que consideran suficiente para que el país heleno terminé de cumplir todas las exigencias.

De producirse el respaldo político al desbloqueo del nuevo tramo que se debe dar a Grecia, las medidas para rebajar la deuda griega y la obtención de financiación adicional deberán ser enviadas a todos los parlamentos nacionales para su aprobación. En el calendario que se estudia se baraja el 30 de noviembre como fecha tope para tener el visto bueno de todos. Dos días antes los acreedores internacionales de Grecia comprobarán el avance que se ha producido en el cumplimiento de los ajustes. Y de lograrse, el 4 de diciembre, la Comisión Europea y Grecia firmarán un nuevo momorandum de entendimiento para que al día siguiente, el país heleno recibiera los 44.000 millones de euros.

Y el presupuesto de fondo

Junto al desbloqueo de la ayuda a Grecia, los ministros de Finanzas del Eurogrupo deberán empezar a acercar posturas sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020, que ya cuenta con el rechazo frontal de España, puesto que la propuesta prseentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, le supondrá dejar de recibir 20.000 millones de euros (entre ayudas agrícolas y regionales). Por este motivo, el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, considera «inaceptable».

También han mostrado su desacuerdo Francia (por el recorte en las ayudas agrícolas), además de Polonia, Hungría, Eslovenia, Portugal, Bulgaria, Estonia, República Checa, Malta, Eslovaquia, Letonia, Italia, Grecia y Lituania (por el recorte a los fondos estructurales). Incluso Reino Unido y Suecia amenazan con vetar la propuesta.

Otros países -contribuyentes netos-, como Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Finlandia piden incluso que el presupuesto tenga más recortes, no sólo los 80.000 millones propuestos por Van Rompuy.