“Cada compañía, y especialmente las no cotizadas -que responden no a los mercados sino a los accionistas privados-, deben evaluar en qué medida todos estos mecanismos les pueden ayudar o no a ser más sostenibles, más competitivas y a proteger y generar valor para sus accionistas. Espero que este estudio les ayude para hacer un benchmarking personal que les permita saber dónde están y a dónde quieren llegar. Cuando todavía un 41% de las empresas analizadas no tienen un código de ética y de conducta,  que es algo que yo como asesor aconsejaría y no es caro… Queda mucho por hacer para proteger y generar valor”. Así de contundente se mostró Juan Antonio Bordas, socio director del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte, durante la presentación del Análisis sobre la situación actual de las empresas españolas no cotizadas en relación con el Buen Gobierno.

Este estudio elaborado por Deloitte, en colaboración con ESADE Business School, concluye que existe un mayor acercamiento de las empresas no cotizadas a los requisitos de Buen Gobierno, aspectos ya exigidos por la legislación para las empresas cotizadas y al sector financiero. De hecho, el 88% considera prioritarias las políticas de buen gobierno en sus organizaciones, por ser un sistema integral generador de seguridad y valor, sobre todo de cara a sus grupos de interés o stakeholders. Y se consideran como ventajas competitivas porque, cada vez más, se exige no sólo rentabilidad para el accionista, sino también seguridad, responsabilidad social, sostenibilidad medioambiental y generación de valor a los grupos de interés.

Mucha valoración, pero poca implantación
No obstante, este estudio que analiza la opinión y el grado de desarrollo en 200 empresas no cotizadas sobre  diversos aspectos de su gobierno corporativo, evidencia que  todavía existen diferencias entre la valoración media de la importancia otorgada a los diferentes ámbitos del gobierno corporativo y su grado de desarrollo e implantación en la empresa. El objetivo del análisis era conocer en qué medida estas empresas –y en particular, las familiares- han incorporado las mejores prácticas de buen gobierno desarrolladas por las organizaciones que sí cotizan en los mercados financieros, y averiguar cuáles son las prioridades de sus órganos de gobierno en esta materia. Estos son los aspectos analizados y  las conclusiones:

.- Gobierno corporativo. Aunque su nivel de desarrollo requiere un impulso adicional, las empresas analizadas han implantado estructuras de gobierno propias de entidades cotizadas, como  las comisiones delegadas de auditoría y control y los códigos y políticas corporativos.  En cuanto a los asuntos de gobierno corporativo a los que estas empresas dan más importancia, destacan los relacionados con la estrategia, el control interno y la gestión de riesgos.

Son también relevantes para ellas aspectos vinculados a los códigos de ética, reglamentos y políticas corporativas. El 59% cuenta con un código ético y un 47% no tiene establecida un apolítica de conflicto de intereses.

.- Estrategia. La mayoría de las empresas dispone de un plan estratégico y su seguimiento es el tercer aspecto más tratado por los órganos de gobierno en sus sesiones, por detrás de los resultados y las operaciones.

.- Gestión de riesgos. Ocho de cada diez empresas tienen identificados los riesgos de negocio. Sin embargo, el porcentaje de éstas que cuenta con un mapa de riesgos formalizados y documentado y una política de gestión de riesgos desciende al 30%. En definitiva, precisan mejorar en la formalización, asignación de responsabilidades y seguimiento operativo de los riesgos, especialmente en los asociados a la continuidad de las operaciones y a la tecnología.

¿Las áreas más vulnerables? Las relacionadas con las operaciones (67%)y el entorno (58%), las financieras, las estratégicas y las de cumplimiento normativo. Del otro lado, la existencia de mecanismos de control interno garantiza la fiabilidad de la información financiera.

.- Control interno. Según los resultados del estudio, permite obtener también seguridad en cuanto al cumplimiento normativo y las operaciones, si bien se vislumbra la necesidad de mejorar en los ámbitos de documentación y formalización de los mecanismos ya implantados, que corresponden a normas y procedimientos. De ahí la relevancia de los sistemas de información en control interno.

.- Auditoría interna. Implantada en seis de cada diez empresas, uno de los retos de esta función –desarrollada mayoritariamente por personal interno en equipos inferiores a cinco personas- es su independencia dentro de la organización. Cuando no existe esta función específica, sus actividades puede ser que se lleven a cabo por las propias áreas funcionales.

.- Responsabilidad Social Corporativa. Una de cada tres compañías afirma emitir formalmente un informe al respecto, frente al 97% de las compañías del IBEX que publican este tipo de información. El 45% de las que realizan el informe, afirma haber solicitado su  verificación por parte de un tercero independiente.

.-  Nombramiento y retribución. Sólo un 38,5% de las empresas participantes en el estudio manifiestan contar con una comisión de nombramientos y retribuciones, encargada de gestionar los nombramientos, evaluaciones de desempeño y retribuciones de la alta dirección. Cabe destacar que casi cuatro de cada diez consejos de administración no están retribuidos y que un 67% de las empresas no dispone de planes de sucesión de directivos clave.

.- Prevención del fraude.  El 85% de las empresas ha manifestado no haber sufrido fraudes relevantes en los últimos 25 meses, lo que contrasta –señala el estudio- con la opinión de expertos y estudios internacionales que ponen de manifiesto una mayor cantidad de hechos fraudulentos.

Sólo el 35% de las empresas no cotizadas dispone de planes de prevención de fraude. Existe una alta concienciación sobre las implicaciones de un posible fraude en su organización que contrasta con la falta de preparación para luchar contra este problema. Las empresas consultadas consideran que el origen de estos riesgos es principalmente interno, relacionándolo con posibles actividades ilícitas de sus propios directivos  y empleados. Dicen que los principales tipos de fraude son las transacciones no registradas en la contabilidad, las pérdidas de stock repetidas y superiores a lo habitual y razonable, así como las alteraciones de los registros contables por empleados o directivos con la intención de cobrar bonus o incentivos.

Más información
.- Descargar el pdf de Análisis sobre la situación actual de las empresas españolas no cotizadas en relación con el Buen Gobierno