Como el Cid Campeador, Juan Carlos Rodríguez Ibarra logra victorias sin estar presente. El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del impuesto sobre la banca que Rodríguez Ibarra impulsó como presidente de la Junta de Extremadura en 2001. La victoria del veterano y polémico político del PSOE, ya retirado de la primera línea, es mayor si se tiene en cuenta que la actual Junta de Extremadura, en manos del PP gracias a un pacto contra natura con Izquierda Unida de la autonomía (y en contra de la formación nacional), ingresará 240 millones de euros gracias a un impuesto que el entonces presidente del Gobierno de España, José María Aznar, paralizó al recurrirlo al Tribunal Constitucional. En aquella época, el PP de Extremadura se opuso al impuesto sobre la banca impulsado por Rodríguez Ibarra, y ahora, con José Antonio Monago como presidente de la Junta, destinará el dinero, entre otras cuestiones, a recuperar la paga extraordinaria de los funcionarios en esta autonomía (si finalmente esta iniciativa no es frenada por algún recurso del Estado), suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy, también del PP. Eso sí, los funcionarios de la Junta de Extremadura cobrarán la paga extra en enero, y no en diciembre, como era lo habitual hasta el ‘recortazo’ de Rajoy. Izquierda Unida, que con sus votos colocó a Monago en la presidencia de la Junta de Extremadura, también se pronunció entonces a favor del impuesto a la banca. el portavoz de IU en Extremadura y el gran impulsor del acuerdo con el PP, Pedro Escobar considera que la sentencia del Constitucional “marca la línea de dónde hay que recaudar en tiempos de crisis, sacar dinero de los bancos, que es donde está el dinero y obligarles, vía tributaria, a ponerlo en circulación y al alcance de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, o les va a resultar menos rentable tenerlo parado«. Monago ha dado a conocer la resolución del Tribunal Constitucional en una comparecencia pública, sin tener el detalle de comunicárselo antes al PSOE, que impulsó la iniciativa, ni a Izquierda Unida. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura y ex presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado su «alegría» por la decisión del Constitucional, y aprovecha la oportunidad para destacar que el cobro del tributo es posible ahora «gracias a que hubo unos diputados que sacaron adelante la ley contra la voluntad de quienes hoy nos gobiernan«. El Gobierno de Aznar, que tenía como ministro de Hacienda a Cristóbal Montoto (el mismo puesto que tiene con Rajoy), argumentaba en su recurso al Constitucional que Extremadura no podía exigir un impuesto sobre depósitos bancarios, ya que estos no están vinculados a ningún territorio. Desde entonces, las entidades financieras que operan en Extremadura han estado obligadas a establecer avales por las cantidades que les correspondía abonar y que ascienden a 240 millones de euros. “El impuesto bancario que quiere implantar la Junta de Extremadura es aberrante, además de ilegal”, declaraba el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, en 2001, meees antes de que el Gobierno del PP decidiera recurrir la tasa. Un impuesto que Montoro anunció que iba a estudiar “con extremo celo”. El Constitucional les ha dado un buen varapalo. El Tribunal Constitucional avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios porque la base imponible es distinta al IVA y al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), porque no vulnera el principio de territorialidad y porque la deducción establecida por invertir en la región no impide la libre circulación de capitales. Precisamente, en en estos cuatro puntos había justificado el Gobierno de Aznar el recurso de inconstitucionalidad. El Constitucional argumenta el fallo en que el IVA  grava las transacciones económicas, mientras que el tributo extremeño repercute únicamente sobre los depósitos captados. Esta misma consideración le sirve para rechazar coincidencias con el hecho imponible del IAE, ya que éste repercute sobre la actividad económica, con independencia de que se capten o no depósitos y su cuantía. El Constitucional también descarta que el impuesto extremeño vulnere el principio de territorialidad, ya que grava únicamente los depósitos bancarios captados por las sucursales radicadas en Extremadura, aunque reconoce que los fondos depositados en las entidades financieras pueden «eventualmente» proceder de personas físicas o jurídicas que no residan en la región. El Tribunal Constitucional considera que la deducción específica para las inversiones de utilidad pública o interés social que apruebe el Ejecutivo extremeño no constituye una «traba injustificada» a la libre circulación de capitales. La sentencia insiste que el impuesto bancario no grava las transacciones y precisa que la deducción no establece diferencia  alguna de trato entre residentes y no residentes en Extremadura, pues su aplicación no depende de dónde radique el domicilio social, ya que afecta por igual a todas las sucursales.   Impedir el fraccionamiento del mercado financiero La tasa a los bancos, basada en los depósitos captados en la autonomía, impulsada por Rodríguez Ibarra fue imitada por otras zonas, como Andalucía o Castilla La Mancha. El fallo del Constitucional abre la puerta a nuevos movimientos de las comunidades autónomas, que necesitan encontrar dinero de debajo de las piedras. La patronal bancaria AEB señala, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Presidencia del Gobierno el 27 de marzo de 2002 contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, que establece un impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que “acata la sentencia”, pero que “no obstante, entiende que esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de que se dicten normas que impidan el fraccionamiento del mercado interior, y en especial del mercado financiero”.