Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ha advertido que no piensa deja que Irán se convierta en una potencia nuclear que amenace su territorio.

La Comunidad internacional intenta frenar ese desarrollo con acciones políticas, económicas y operaciones de los servicios secretos y policiales para impedir que Irán pueda desarrollar la bomba atómica.

Irán, sin embargo, se defiende y asegura que su programa no tiene objetivos bélicos sino de uso civil. Irán ha advertido que tampoco se cruzará de brazos en caso de un ataque preventivo israelí. El Consejo de Seguridad Naciones Unidas decretó un embargo contra la república islámica.

En medio de ese conflicto internacional el Ministerio de Hacienda informó este lunes que la Agencia Tributaria ha desmantelado una trama de contrabando de maquinaria que violaba el embargo internacional decretado contra Irán por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Maquinaria para Irán

Según las investigaciones realizadas hasta ahora por la Agencia Tributaria, la maquinaria tenía como destino el programa de proliferación nuclear de la república iraní.

La empresa exportadora, una sociedad domiciliada en Durango (Bizkaia), realizaban el envío prohibido por la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul. Los responsables de la trama se podrían enfrentar ahora a penas de prisión y multas de hasta seis millones de euros.

Según Hacienda, en la primera fase de la operación, denominada «Kakum», la Agencia Tributaria detectó, en los primeros meses de 2012, actividades sospechosas por parte de una empresa de Durango.

En septiembre de 2009, a esta sociedad le había sido denegada por las autoridades competentes la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.

Para solventar la denegación de la autorización la trama ahora descubierta diseñó, en connivencia con la empresa iraní, una estrategia para eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la citada maquinaria a Irán.

Empresa intermediaria en Turquía

Para ello, siempre según Hacienda, se sirvió de una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales.

De esta forma, ante la Aduana española, formalmente, el destino final de la maquinaria era Estambul. Sin embargo, la realidad era otra, asegura lanota del ministerio, dado que la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino.

Comunicados los hechos a la Autoridad Judicial, el pasado 13 de noviembre se ejecutó la segunda fase de la Operación «Kakum».

Vigilancia Aduanera en función de policía judicial

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en funciones de Policía Judicial, y expertos informáticos de la Delegación Especial de la Agencia en el País Vasco, registraron las instalaciones de la empresa y se incautaron de abundante documentación y material informático, que en estos momentos está siendo estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.

Los responsables de la trama, acusados de contrabando, se enfrentan a penas de prisión y a una multa de hasta el séxtuplo de la mercancía exportada.

Dado que las siete máquinas enviadas a Irán tienen un valor total estimado de 955.000 euros, las sanciones podrían rondar los seis millones de euros.

La operación «Kakum» ha puesto de manifiesto, afirma Hacienda, que la trama implicada ha vulnerado las leyes españolas sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia. Igualmente, se habrían visto vulnerados los compromisos internacionales adquiridos por España en el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.

Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva

De igual forma, queda demostrada, asegura el Ministerio, la falta de la diligencia debida por parte de la empresa en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías susceptibles de ser utilizados en dichos programas de proliferación, impedir el suministro directo o indirecto de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.

Según Hacienda, la operación «Kakum» se inició en los habituales controles que la Dependencia Regional de Aduanas del País Vasco de la Agencia Tributaria realiza sobre las operaciones de comercio exterior efectuadas a través de los recintos aduaneros de la Comunidad Autónoma y sobre las empresas del sector, y, en este caso concreto, sobre las exportaciones de mercancías y tecnologías susceptibles de contribuir a programas de proliferación nuclear.