En una pregunta escrita al Ejecutivo, UPyD recuerda que el plan de pago a proveedores cubría facturas hasta el 31 de diciembre de 2011, y que supuso un desembolso de 27.000 millones de euros para los proveedores públicos, si bien 8.000 millones del crédito sindicado con el que se financió el plan no se consumieron.

Sin embargo, entre enero y septiembre del presente año las facturas pendientes de pago de las administraciones locales y autonómicas superan ya los 10.000 millones, según cálculos de UPyD, y «vuelven a poner el problema de falta de liquidez de las administraciones sobre la mesa».

En concreto, Díez cita en la pregunta, que recoge Ep, cifras de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que estiman una deuda de 5.000 millones en el primer semestre, que podrían ascender a más de 7.500 millones dado el «ritmo normal de crecimiento».

Además, las patronales sanitarias también señalan una deuda acumulada de 2.750 millones en tecnología sanitaria y más de 2.300 millones con los laboratorios farmacéuticos.

Ante esta situación, el Gobierno puede aumentar el déficit público para cubrir estos impagos, recuperar el dinero no utilizado del pago a proveedores anterior o «cumplir los plazos de pago», que actualmente superan los 180 días de media -e incluso los 240 días en algunos casos- frente a los 40 días estipulados en la Ley de Morosidad de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, UPyD pregunta al Gobierno por las causas por las que no se cumple esa normativa de pago a proveedores, por la cifra definitiva de facturas pendientes en las administraciones territoriales, y por las medidas que se están barajando para solucionar la situación.

«¿Piensa el Gobierno establecer un régimen sancionador para las administraciones públicas que excedan los plazos de pago estipulados en la Ley de Morosidad para las Administraciones Públicas?», pregunta además la formación, que pide detalles sobre las características de dichas sanciones y cuándo podrían empezar a aplicarse.