El 30 de noviembre se constituirá, según el calendario previsto, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el ‘banco malo’, para que sea operativa el 1 de diciembre. A lo largo del próximo mes, y antes de la fecha tope (31 de diciembre), se debe producir la transferencia de los activos problemáticos ligados con el ladrillo y el crédito promotor de los bancos nacionalizados (Bankia/BFA, NovaGalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, los dos últimos con subasta reabierta). Faltan cuatro días para el viernes 30, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, admite que no se ha logrado “compromiso firme” alguno con los inversores que han mostrado interés en participar en la Sareb.

Pese a ello, Jiménez Latorre no parecía nervioso en la clausura de la jornada “Sistema Financiero español: crisis y reforma”, celebrado en la Bolsa de Madrid por el despacho de abogados Linklaters. «Se están presentando los planes de viabilidad de la Sareb, se está dando cuanta información sea necesaria para que los inversores tomen su decisión y esperamos tener un apoyo suficiente para conseguir la mayoría de capital privado«, señala. Al secretario de Estado de Economía no le preocupa que no haya ya inversores captados: «Tan pronto se vaya a cerrar la sociedad, veremos cuál es la base de inversores, ahí ya los tendremos”.

Jiménez Latorre cree que la reunión del Eurogrupo, donde se encuentra su jefe, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, otorgue hoy un informe «positivo» sobre el grado de cumplimiento del Memorándum de Entendimiento de ayuda a la banca española. Si De Guindos habla de unas necesidades de capital de unos 37.000 millones de euros para los bancos nacionalizados, el secretario de Estado de Economía eleva la cifra a 40.000 millones, al incluir a las entidades que reciban ayudas públicas (previsiblemente, Liberbank, BMN, Caja 3 y Caja España Duero).

«Consecuencia de los mecanismos de reparto de la carga, de las desinversiones y de la captación de capital privado de las entidades, las necesidades de capital del sistema financiero estarán en torno a los 40.000 millones de euros. Para el grupo 1, las nacionalizadas, estimamos 37.000 millones de euros, y con el grupo 2, las entidades que no pueden asumir su déficit de capital sin ayudas públicas, las cifras agregadas de necesidades estarán en el entorno de los 40.000 millones«, señala.

Supervisor único con silencio positivo

El director general de Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), Antonio Sáinz de Vicuña, adelanta en esa jornada que el supervisor único bancario europeo tendrá un órgano de preparación de las decisiones y otro de ejecución y que,según el borrador del reglamento en el que actualmente se está trabajando,las decisiones se tomarán por “silencio positivo” del Consejo de Gobierno.

El proyecto de reglamento diseña una «separación entre la preparación y la ejecución de las decisiones, culminando en el único órgano de decisión, que será el Consejo de Gobierno, que, a su vez, será contrarrestado por un Consejo de Supervisión«, un órgano en el que habrá representación de los supervisores bancarios nacionales, de la Comisión Europea y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

«El Consejo de Supervisión será un foro, el centro de gravedad, de la supervisión europea, y preparará las decisiones del Consejo de Gobierno, con un sistema de silencio positivo, donde las decisiones se van a entender adoptadas a menos que el Consejo de Dirección decida rechazarlas o enmendarlas. En la parte de ejecución, el Consejo de Supervisión coordinará y controlará cómo se hace por parte de las autoridades nacionales«, explica.

El calendario previsto habla de que el borrador de reglamento se apruebe a principios de enero, dado que el 1 de marzo el BCE tiene que decidir qué entidades financieras serán objeto de supervisión directa. En principio, «todas las que tienen riesgo sistémico«. Entre ellas, Santander y BBVA. En 2014 deberá comenzar a funcionar Basilea III, que se aplicará sobre las más de 6.300 entidades que operan en la Unión Europea. Pero Sáinz de Vicuña recuerda que las entidades en las que se inyecten fondos europeos podrán ser supervisadas por el BCE «en cualquier momento«.

La unión bancaria se entenderá completada cuando se cree el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo y el Fondo de Reorganización y Resolución Bancaria.