Los sindicatos temen que la reconversión de la banca nacionalizada se salde con una nueva oleada de despidos que se indemnizarán con solo 20 días por año trabajado. Algunas informaciones indican que esa será una de las condiciones impuestas por Joaquín Almunia, el comisario de la Competencia, que el jueves dará a conocer su programa de reestructuración de la banca. En total las entidades precisarán de 37.000 millones de euros, anunció el Gobierno.

El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, dará a conocer este jueves sus planes de reestructuración para Bankia, Novacaixagalicia (NCG), Catalunya Caixa y Banco de Valencia, las cuatro entidades nacionalizadas y resultado de la fusión de una serie de cajas impulsada por el Gobierno.

Según estas informaciones, unos 8.000 empleados de Bankia y NCG resultarían despedidos. Este lunes los sindicatos se apresuraron a rechazar el “inaceptable” número de despidos. Además explicaron que, en caso de materializarse, presentarán recursos ante los tribunales, lo que podría encarecer la operación hasta los 45 días de indemnización, si se declaran improcedentes esos despidos.

En total, Bruselas inyectará 37.000 millones de euros en el sistema financiero español, tal y como desveló este lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos. Una suma que se destinará a cubrir los agujeros de capital abiertos en las entidades, principalmente cajas, después de que el Gobierno elevase las exigencias de capital que compensan el riesgo inmobiliario.

En el caso de Bankia, el atracón de ladrillos se concretó en 75.000 viviendas que pasaron a manos del banco. El pesado fardo inmobiliario terminó abriendo en las cuentas de la entidad un boquete valorado en 23.000 millones, afirmó este lunes José Manuel Serra Perís, exconsejero de la entidad y exsecretario de Estado de Industria y Energía en el Gobierno del PP.

Serra Perís acudió este lunes a la Audiencia Nacional para declarar en la causa que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, en la que están imputados los 33 exconsejeros de la entidad así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. El juez Andreu les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Bruselas exige la vuelta a los orígenes

Algunas fuentes indican que Bruselas exigirá a cambio de la inyección de capital una reestructuración “integral” de las entidades que reciban fondos, que deberán concentrar su negocio en sus regiones de procedencia y en la banca familiar.

Volviendo a los despidos, los sindicatos basan sus temores en el ERE presentado por Banco de Valencia. Con todo, los representantes de los trabajadores defienden que existe “margen de maniobra” para fijar planes específicos en cada una de las entidades nacionalizadas.

Las centrales sostienen que el Banco de España se niega a aplicar alternativas de mayor flexibilidad interna o incluso de recolocación de personal.