La Comunidad de Madrid ha cedido a Cáritas unas 1.000 viviendas para acoger a familias desahuciadas, que deberán pagar un alquiler de en torno a 200 euros, aunque podría llegar a quedar en 40 euros, a través de un convenio de cinco años de duración, con posibilidad de ampliarse.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, y el director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte, han firmado este martes el convenio, que para el presidente regional es «muy importante» y con el que se quiere «contribuir a dar esperanza a muchas familias madrileñas que en estos momento de crisis lo están pasando muy mal y se están viendo privadas de sus viviendas».

González ha recordado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha intentado «transparentar el mercado hipotecario» dentro de sus competencias, «pero la situación actual de crisis desborda la realidad y el fenómeno de los desahucios está muy extendido».

Así, aunque se ha manifestado partidario de «primar el derecho y la seguridad jurídica para que todo el mundo sepa que tiene que hacer frente a sus responsabilidades legales», ha destacado la necesidad de poner en marcha «mecanismos que ayuden a paliar situaciones especialmente complicadas».

Según González, la Comunidad pensó que «una de las posibles ayudas» era la cesión, a través del IVIMA, de estas viviendas que en estos momentos se encuentran deshabitadas, por eso inició las conversaciones con Cáritas con el objetivo de poner en marcha esta iniciativa.

Cáritas se encargará del acondicionamiento de esas viviendas por medio de un programa de voluntariado, antes de ponerlas a disposición de familias «en especiales circunstancia de dificultades económicas y que se hayan visto privadas de otra». Se trata de viviendas entre 70 y 90 metros cuadrados que llevan tiempo deshabitadas y en la que hay que arreglar algún desperfecto.

Viviendas «okupadas»

González ha dicho que la Comunidad podría ceder más de 1.000 viviendas si no fuera porque «sufre» el movimiento ‘okupa’ y tiene «un importante número de viviendas ‘okupadas’ en estos momentos». «En la medida que tuviéramos más posibilidades lo podríamos ampliar», ha señalado.

Por su parte, en el turno de preguntas, Beamonte ha agradecido la «sensibilidad» del Gobierno Regional, y ha apuntado que «el objetivo fundamental de programas como éste» no es sólo garantizar una vivienda, sino «incidir sobre la problemática real que tiene la pareja», como consecuencia de una situación que suele partir de la pérdida de empleo.

Beamonte ha dicho que el nuevo perfil de solicitantes de ayuda se corresponde con un varón de entre 40 y 50 años, parado de larga duración, con problemas de desectructuración familiar, de un tipo de familia que hasta hace poco estaban integradas en la sociedad. También ha apuntado como un rasgo la titulación universitaria.

Por otro lado, ha hecho referencia a familia monoparentales, normalmente mujeres con hijos y sin posibilidades de encontrar trabajo.

Por su parte, a preguntas de los periodistas, Cavero ha negado que el IVIMA esté llevando a cabo procesos de desahucio, y ha asegurado que uno de sus cometidos es poner a disposición de los madrileños más viviendas, que hasta ahora no estaban disponibles por necesidad de obras de acondicionamiento y rehabilitación.