El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, utilizaron el pleno del Congreso para ofrecer un sainete bufo sobre los supuestos depósitos bancarios secretos y a salvo del fisco de las familias Mas y Pujol en Suiza y en Liechenstein, que es donde tienen el dinero los ricos. Los menos ricos suelen quedarse más cerca, en Andorra, que tampoco está sometida a las molestas directivas comunitarias de transparencia fiscal. Si consideramos que la riqueza se oculta en entidades opacas y detrás de los testaferros de confianza, carecía de sentido que el diputado Durán llevara las supuestas cuentas de los honorables presidentes a la plaza pública para exigir una explicación a Rajoy por la publicación de unos borradores policiales cocinados, según él, para fastidiar al candidato Artur Mas en la campaña electoral. Rajoy completó el sainete diciendo que ya le comentó por teléfono el 16 de noviembre, cuando el periódico El Mundo agitó la campaña catalana, que no sabía nada del asunto. Los 12 días transcurridos desde las insólitas revelaciones ni siquiera han servido para que los servicios de inteligencia, directamente adscritos a la Presidencia del Gobierno, le hayan proporcionado un dato sobre la veracidad o falsedad de la información, algo increíble en un país que  gasta una millonada en mantener bien informado al Gobierno.

Ahora que ya sabemos que Rajoy se entera por la prensa, se explica que no diera importancia a la huelga general del 14-N contra una política que tiene sumido al país en la depresión, con medio millón de desempleados más y con el pronóstico de la OCDE de alcanzar 6 millones el año entrante. Entre la sordina de muchos medios de comunicación al paro general y la afirmación de otros de que la huelga no paralizó España –en eso tienen razón, la movilizó–, al presidente le resbalaron las acusaciones del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber puesto precio a los derechos de los españoles. “Los derechos son sólo para quien pueda pagarlos”, afirmó Rubalcaba antes de invocar las mareas blanca (sanitaria) verde (educativa) y hasta negra (judicial) que inunda las calles. “Hasta la justicia es ya para quien pueda pagársela”, resumió. Pero el malestar generado por la política de ajustes y recortes de los once meses del gobernante Rajoy que están cambiando el modelo social y dejando en los huesos el Estado del bienestar tienen su origen en el pasado, de modo que la incidencia argumental del PSOE sigue siendo mínima. Los recortes en 2013 se cifran en 40.000 millones de euros y en 2015 en 50.000 más. Es el mandato de Bruselas, del club del euro y Rajoy lo ha heredado y asumido. Su legislatura será penosa, lo sabe. Pero como dijo Romanones, si el gobierno desgasta, más desgasta la oposición.

La tercera pregunta del pleno, de Cayo Lara, sobre la moratoria por dos años para no ejecutar los desahucios de las familias con ingresos inferiores a 1.200 euros que no puedan pagar las hipotecas de sus casas, la tramitó el presidente afirmando que los cambios legislativos no deben impactar sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Como si el mercado estuviera funcionando. “No conviene improvisar”, afirmó antes de garantizar que mientras tenga mayoría no reformará en profundidad la legislación hipotecaria ni los procesos de desahucio como reclaman los afectados por las hipotecas, la oposición progresista, los jueces y hasta el Consejo del Poder Judicial. Mientras, el martes, en Santesteban (Navarra), se suicidó un hombre de 59 años que iba a ser desahuciado en pocas horas.