Quedan escasas jornadas para que el 12 de diciembre la ley de sostenibilidad energética salga del Senado para superar otro trámite legal y ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes que concluya el año. Ahora, una vez concluida la fase de presentación de enmiendas en la cámara alta, se abre el periodo de «negociaciones» que podrían conducir a algún cambio sustantivo en el texto legal. Esa al menos la baza que esperan algunas de las empresas y sectores afectados por la normativa.

En ese colectivo se encuentra empresas industriales que estiman que el aumento de los costes energéticos -más del 16%- se traduciría en un grave deterioro de su capacidad para competir, ya sea en el mercado exterior como en el interior, si optan por repercutir ese incremento en sus productos. En caso de no trasladar el incremento de los gastos al cliente final reducirían los márgenes de forma peligrosa, en opinión de estas compañías.

En este contexto esperan, sin demasiada confianza, cambios en aspectos como el llamado céntimo verde, que gravará el uso del gas para la generación y otros fines, así como en el tratamiento a la cogeneración. Todos los grupos parlamentarios, desde el socialista a los nacionalistas de CiU y PNV, han presentado enmiendas en esa dirección, pero la clave vuelve a estar, como en el Congreso, en la decisión que tome el grupo del PP.

Si bien ese es el camino preferido, en el caso que el texto de la ley no sea modificado, son varias las empresas y patronales que se preparan para la vía legal. Desde recurrir la ley al Tribunal Constitucional a pedir indemnizaciones el Estado por «quebranto patrimonial» ante la inseguridad jurídica en la que se han visto envueltos algunos proyectos, señalan. Y es que, por ejemplo, algunas inversiones de cogeneración ya habían tenido que ser paralizadas por la incertidumbre regulatoria, ya que en este caso a la ley que elevará los costes energéticos se une el decreto 1/2012 que dejó en el aire 80 proyectos en curso, con inversiones realizadas por 115 millones de euros. En España existen 1.044 instalaciones de cogeneración vinculadas a industrias que van desde la química, papel, alimentación y bebidas, automóvil, farmacia, textil a la de azulejos. Estiman que de no cambiar la ley cerrarán un 30% de estas plantas.