«La decisión de las autoridades españolas y comunitarias garantiza la viabilidad de NCG Banco, inmerso en un intenso proceso de reestructuración y saneamiento desde su nacimiento en septiembre de 2011, por el negocio heredado de las cajas gallegas”. Así celebraba ayer en un comunicado la entidad, fruto de la fusión (impuesta por la Xunta de Galicia, pese a la opinión contraria del Banco de España) entre Caixa Galicia y Caixanova, la aprobación por parte de la Comisión Europea de la inyección de 5.425 millones de euros. Pero esas ayudas públicas son el acto de defunción del proyecto de José María Castellano y de César González-Bueno, basado en un grupo de inversores privados que mantendría a NCG Banco como entidad independiente. El Banco de España ha arrojado un jarro de agua fría a estos planes, ya de por sí bastante complicados de hacerse realidad. “La Comisión Europea no quiere en las entidades nacionalizadas un cambio de accionistas, la sustitución del Frob por capital privado o por la salida a Bolsa. Quiere que, al recibir ayudas públicas, desaparezcan como entidades independientes, que sean absorbidas por otros grupos, para que esas ayudas afecten lo menos posible a la competencia en el sistema financiero”, señalan en el supervisor.

Es más, aunque Bruselas da cinco años de plazo, el Banco de España quiere que la venta de NCG Banco sea “lo antes posible”. Nada más terminar la subasta de CatalunyaCaixa, cuyo proceso comenzó la semana pasada y se espera que termine en tres meses, facilitado porque en CatalunyaCaixa Banc sólo hay un accionista (la antigua caixa, en proceso de transformación en fundación de carácter especial), comenzará la del banco de las antiguas cajas gallegas.

Al Banco de España le gustaría que pujara por la entidad gallega, como por la catalana, alguna entidad financiera extranjera. «Sería muy bienvenida, pero es una posibilidad muy remota mientras persista el riesgo España. Pueden salir los números, pero hay un esfuerzo añadido de convencer al consejo de administración para que inviertan en España en estos momentos«, reconocen. Al ser el comprador casi con toda probabilidad un banco español, «hay que darles tiempo para analizar las entidades, y no se comenzará la subasta de NCG Banco hasta que no termine la de CatalunyaCaixa«, explican en el supervisor.

Estas dos subastas ya no contarán con un esquema de protección de activos (EPA), que sí se ha dado a BBK para la compra de CajaSur, al Sabadell en la CAM, al BBVA en Unnim y a CaixaBank para hacerse cargo del Banco de Valencia.

“La EPA no tiene sentido cuando se han traspasado los activos inmobiliarios a la Sareb. En el Banco de Valencia, está justificada por la rapidez en el proceso, que debía terminar antes del 40 de noviembre, y el comprador no ha tenido tiempo de hacer un análisis profundo de la entidad”, argumentan en el Banco de España. Antes de vender, por un euro, el Banco de Valencia a CaixaBank, el Frob inyectó 4.500 millones de euros en la entidad, más 1.000 millones puestos anteriormente por el Frob, y una EPA del 72,5% de la cartera de créditos a pymes (5.000 millones, de los que hay provisiones por 400 millones) y de avales técnicos (1.400 millones).

Un coste bastante inferior, según el Banco de España, al de liquidación de la entidad, “que no era viable”, y que se estima por encima de los 10.000 millones de euros, “sin contar el efecto indirecto sobre la estabilidad del sistema financiero”. En el supervisor matizan que “CaixaBank hizo la mejor oferta, pero hubo más de una vinculante”. Esa “situación de deterioro, su inviabilidad” elevan el coste de la reestructuración, por lo que los accionistas del Banco de Valencia (entre ellos, Bankia/BFA) y los titulares de preferentes y deuda subordinada prácticamente perderán toda su inversión.

Algo similar sucede con los accionistas de NCG Banco (NovaCaixaGalicia, más los 20 empresarios gallegos que recompraron al Frobn el 2%) y de CatalunyaCaixa. La pérdida para los accionistas de Bankia será también “significativa”. En el caso de las preferentes, “la Comisión Europea no ha permitido su canje por otros productos, como depósitos o deuda subordinada, como han hecho otras entidades”, lo que ha elevado su participación en los costes de reestructuración.

Sólo en territorios de origen

Las otras tres entidades nacionalizadas “son viables”, pero al recibir ayudas públicas deben desaparecer como bancos independientes, salvo Bankia, al que se exime de esta obligación por su carácter “sistémico”. Las tres deberán limitarse a sus territorios de origen: Galicia, Asturias y León, NCG Banco; Cataluña, en el banco de las caixas; y Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla La Mancha, Bankia, al que se le permite tener una presencia “más marginal” en otras zonas (Canarias, Rioja, Cataluña) y en las capitales de provincia. En cualquier caso, bastante menos que lo que aportaron las siete cajas cuando se fusionaron.

El Banco de España también precisa que las exigencias de ajuste de red y de plantilla que se imponen a las tres entidades nacionalizadas se aplican sobre las cifras de 2010: “La Comisión Europea tiene en cuenta la reducción ya realizada desde entonces, y que ha sido ciertamente muy importante”.

“Ni la Comisión Europea ni el Banco de España se van a meter en cómo se produce ese ajuste, simplemente vigilarán que se cumplen los requisitos del proceso de reestructuración. Son las entidades las que deben negociar con sus trabajadores las fórmulas más eficientes de reducción de plantilla”, zanjan en el supervisor.