El Grupo Popular en el Senado ha presentado varias enmiendas en la Cámara Alta a la ley para la sostenibilidad energética, y quizá la más relevante es el aumento del 6% al 7% al impuesto que gravará la generación de electricidad. También proponen cambios a los gravámenes a los combustibles fósiles.

Entre las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se incluye una reducción de cargas fiscales al gas natural que se utilice con fines industriales, pero no al destinado  a la cogeneración y a  producción eléctrica. Con estos cambios, se atienden algunas de las reinvidicaciones de las empresas industriales que advierten sobre una fuerte subida de sus costes energéticos.

El PP también propone elevar las cargas fiscales al carbón y poner un límite de 500 millones de euros a los ingresos de las subastas de CO2 que anualmente podrán transferirse desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la tarifa eléctrica. Sobre el aumento al 7% del impuesto a la producción eléctrica, el PP considera «necesaria» la medida tanto para ajustarse a la finalidad de la ley como a los análisis realizados. Este impuesto podrá ser trasladado al consumidor final por parte de las empresas que produzcan y comercialicen electricidad, pero no por parte de la mayor parte de los productores de renovables.

La recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda se transferirá de los Presupuestos Generales del Estado a la tarifa eléctrica conforme a una estimación de la recaudación. A esta transferencia se sumarán las estimaciones de los ingresos de las subastas de CO2, con un máximo de 500 millones.

La reducción de cargas al gas natural de uso industrial se realiza «con objeto de no desincentivar el uso» de este producto «y evitar que estos usuarios opten por otros combustibles de menor coste y mayor impacto ambiental», señalan las enmiendas.

Al mismo tiempo, la nueva redacción de la norma propuesta por el PP eleva el tipo de gravamen sobre el carbón y, al mismo tiempo, crea tipos específicos para el fuel y los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de electricidad.

También se incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de «incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear».