El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su partido estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la no actualización de las pensiones conforme al IPC. El anuncio del jefe de la oposición se suma a la voluntad expresada por los sindicatos UGT y CCOO, que pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra la medida. En su opinión, la medida vulnera el artículo 9.3 de la Carga Magna, que “prohíbe la aplicación retroactiva de las normas”.

Rubalcaba anunció este lunes que su partido baraja recurrir ante el Tribunal Constitucional la anulcación de la actualización de las pensiones conforme al IPC. También el portavoz parlamentario de Izquierda Plural, Cayo Lara, ha adelantado que solicitará el apoyo de más grupos para promover el recurso al TC, ya que para ello son necesarios 50 diputados o senadores.

El recurso en principio se basaría en la posible vulneración del artículo 9.3 de la Carga Magna, que “prohíbe la aplicación retroactiva de las normas”, como sucedería en este caso dado que parte de la compensación por el IPC sería un concepto ya devengado por los pensionistas desde el pasado mes de enero, según afirmó la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez.

La portavoz socialista en el Congreso ha encabezado una reunión de más de hora y media con representantes sindicales a la que también han asistido el portavoz de Economía, Valeriano Gómez; la de Empleo, Concha Gutiérrez; y la de Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa.

Tras la reunión, el PSOE ha subrayado su “preocupación por la deriva” del Gobierno, que “ni negocia ni escucha a los grupos políticos ni a los agentes sociales”, y ha recordado que “la mejor garantía para hacer viable el actual sistema (de Seguridad Social y pensiones) es el consenso político y el diálogo” en el marco del Pacto de Toledo, que a su juicio el Ejecutivo está obviando.

El PSOE incluyó la previsión en los Presupuestos

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha explicado que mientras los socialistas incluyeron en su proyecto de Presupuestos de 2011 una previsión de suspensión del artículo que obliga a revalorizar las pensiones -decisión con la que tampoco estaban de acuerdo, pero que impidió el recurso-, el PP ahora ni siquiera ha tomado esa previsión, sino que “hasta ayer decía que sí las revalorizaría”.

UGT llevará a cabo una campaña de información entre los pensionistas para que, al margen de los posibles recursos ante el TC, presenten reclamaciones a la Seguridad Social. “Se ha incumplido la ley y los pensionistas no pueden esperar dos o tres años a que les devuelvan el dinero que les pertenece, especialmente en este momento que son sostén de las familias”, ha reclamado López.

Tras la reunión, el secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, ha subrayado su “preocupación” por que el Gobierno tome decisiones sobre el Fondo de Emergencia -del que se sacarán 3.530 millones para pagar las pensiones hasta final de año- “sin contar con los agentes sociales y fuera del Pacto de Toledo”.

El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, ha recordado que “los pensionistas son uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad y, aún así, ya estaban asumiendo el coste buena parte de la crisis, al perder ayudas a la dependencia, con la privatización de la sanidad o con el euro por receta”.

Por su parte, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha destacado este lunes el “esfuerzo” que ha realizado el Gobierno de Mariano Rajoy al “revalorizar” las pensiones “lo que se ha podido”, “en un momento de grave crisis económica y de grandes insuficiencias financieras”. Dicho esto, ha llamado “cara dura” al Partido Socialista por acusar al Ejecutivo de desatender a los pensionistas cuando es “el único partido” que las congeló.

Este miércoles, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, comparecerá ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para explicar la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones según la inflación del mes de noviembre, tal y como aprobó el viernes el Consejo de Ministros.