La Universidad acusa a las agencias de calificación de “abuso de poder”

03/12/2012

Miguel Ángel Valero. Un estudio de siete expertos de Udima y de la Politécnica de Madrid critica “opiniones disfrazadas con ropajes y pseudoavales científicos”

Las agencias de calificación (o de rating, si se prefiere la jerga del sector) son consideradas las grandes culpables de la crisis financiera internacional. Pero pocos se han pronunciado con la dureza que siete profesores, de la Universidad A Distancia de Madrid (Udima) y de la Politécnica, en “Las hijas de Elena: la Triple A”. El trabajo universitario, centrado en las tres grandes firmas (Moody´s, Standard & Poor’s y Fitch), analiza la historia y estructura de las agencias de calificación, los distintos tipos de calificaciones y la metodología utilizada para emitirlas. Y las conclusiones no son precisamente favorables a las agencias.

José Andrés Sánchez Pedroche, rector de Udima y uno de los autores del trabajo, recuerda que “numerosos especialistas coinciden en la necesidad de crear mecanismos de control de estas agencias, de aumentar la transparencia en su proceso evaluador y conseguir un acceso igualitario a la información por parte de cualquier inversor”. Y dispara: “Estas agencias emiten opiniones disfrazadas con ropajes y pseudoavales científicos, opiniones que luego tienen un peso decisivo a la hora de facilitar o dificultar que las empresas, instituciones y organismos se puedan financiar en los mercados de capitales”.

El trabajo de investigación de siete profesores universitarios (Áurea M. Anguera de Sojo y Juan Pazos, de la Universidad Politécnica de Madrid; María L. Campanario, Juan A. Lara, David Lizcano, y José Andrés Sánchez Pedroche, de Udima), concluye en que se puede acusar a las tres grandes agencias de calificación de “oligopolio y colusión”, ya que impiden la entrada de nuevas firmas en esta actividad.

Pero también de uso de la “profecía autocumplida”. Según estos expertos, se trata de un “mecanismo por el cual un descenso de una calificación provoca la catástrofe de los evaluados, que se verán afectados por un aumento de los intereses y les generará dificultades a la hora de contratar con otras entidades financieras”.

Otra crítica se centra en la falta de calidad y de previsión, como queda evidenciado en casos “como los de Lehman Brothers o Enron”. Pero, sobre todo, se le acusa de “abuso de poder”, que se traduce en calificaciones no solicitadas, actuaciones destinadas a mantener un mercado “cautivo” o el llamado ‘rating shopping’ (venta de calificaciones).

 

Oscurantismo metodológico

En un tono inusitadamente duro para este tipo de informes, los profesores universitarios reprochan a las grandes agencias de calificación “oscurantismo metodológico”. “No se conocen los principios, leyes, parámetros, variables, ecuaciones y datos que utilizan para evaluar”, argumentan. Además, “una parte de la calificación es subjetiva, se basa en las opiniones de sus expertos”, por lo que se las acusa de arbitrariedad.

Pero también de “omisión de responsabilidades”: “Las propias agencias defienden que ellas solo emiten opiniones y que estas no deben sustituir al análisis del inversor”. Y de conflicto de intereses, “provocado por su doble condición de calificadoras y de consultoras”.

Las agencias de calificación tienden al catastrofismo”, que siempre opera a favor del vaticinador. Emiten vaticinios sin fecha de cumplimiento, “lo que en la práctica hace imposible certificar su falsedad”, argumenta este equipo de profesores de la Udima y de la Politécnica de Madrid.

Éstos plantean “la necesidad de una profunda reforma del mercado de las agencias de calificación, de manera que se elimine el oligopolio existente”. Y también la “necesidad de la creación de una entidad que evalúe y supervise a las agencias de calificación para garantizar que el inversor recibe la mejor información posible”.

El director general de Relación con Inversores del BBVA, Tomás Blasco, añade que las tres grandes firmas «califican con un claro sesgo y una gran subjetividad«. En la jornada aplaude la propuesta de regulación europea sobre las agencias de calificación, «va por el buen camino«, y defiende una entidad de calificación pública continental para contrarrestar las notas emitidas por las tres grandes del sector.

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