El paro subió en noviembre en casi 74.300 personas registradas en las listas del servicio público de empleo. Mientras tanto, la Seguridad Social perdió unos 205.000 afiliados. Ambos fenómenos se explican por la decisión del Gobierno de dejar de cotizar por los cuidadores informales de personas dependientes y la finalización de los últimos contratos estacionales ligados a la hostelería.

El paro subió con fuerza en noviembre, hasta superar los 4,9 millones de desempleados en total, un 11 por ciento más que hace un año y una nueva marca histórica desde 1996. La salida de los cuidadores de la dependencia distorsionó la estadística. De los 74.000 nuevos parados, unos 38.000 se dieron de alta por este motivo. Del resto, un 85 por ciento de los nuevos desempleados procedían del sector de los servicios.

La salida de los cuidadores también se dejó notar en las cifras de la Seguridad Social. De los 205.000 afiliados perdidos, 85.200 eran cuidadores informales de personas dependientes por los cuales el Gobierno dejó de cotizar en noviembre. Otros 81.000 procedían de la hostelería.

En noviembre, además, se produjo un “importantísimo aumento” en el número de nuevos pensionistas. Hasta el punto que las 21.600 nuevas incorporaciones multiplican por 2,3 la media mensual del año. Lo que tiene una “incidencia muy importante” en la sostenibilidad del sistema, indicó Burgos, quien pronto tendrá que defender algunos cambios en el sistema en la comisión del Pacto de Toledo.

Burgos destacó que el gasto en cotizaciones por los cuidadores informales de la dependencia ascendía a 300 millones anuales, frenta a los 20 millones presupuestados en la época del PSOE. “Alguien de forma irresponsable decidió que esas cotizaciones se hicieran con cargo a la Seguridad Social”, criticó.

Por este motivo, el Estado tiene contraída una deuda de 1.034 millones con la Seguridad Social. Según Burgos, el pago de esa deuda figura en los PGE por lo que se abonará a lo largo de 2013.

La “voluntad” fue compensar el IPC

Burgos defendió además que la “voluntad” del Gobierno fue “siempre” compensar a los pensionistas por la desviación del IPC. Sin embargo, tras conocer el dato de inflación de noviembre, el Consejo de Ministros tomó la decisión de no hacerlo.

Burgos afirmó no arrepentirse de haber sostenido durante meses que el Ejecutivo iba a “cumplir la ley” en materia de pensiones y su actualización. Añadió que la decisión de no actualizar las pensiones fue “una decisión conjunta” del Gobierno. Y dijo que la decisión se tomó el pasado viernes en el Consejo de Ministros, una vez que se dispusieron de todos los datos.

Para Burgos, el día elegido era el momento “procesal” indicado para comunicar a los pensionistas la no actualización. Una decisión “responsable”, continuó. Y en línea con la prioridad del Ejecutivo, que es cumplir con el déficit, concluyó.

No hay motivos para un recurso

Burgos se refirió además a la intención de los sindicatos, el PSOE y otros grupos de la oposición de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la no actualización de las pensiones. Según Burgos, “no hay fundamento” para tal recurso. En la “doctrina” del TC, sostuvo, aparece un principio y es que la Seguridad Social “no es un sistema contractual”.

Burgos abundó en su explicación y destacó que el sistema de Seguridad Social “no garantiza” un nivel de protección a los pensionistas. En su lugar, este sistema de previsión social tiene que adecuarse a la legislación de cada momento, así como a las disponibilidades financieras de la caja de la Seguridad Social, recalcó.

“Hasta que no se conoce la desviación del IPC en noviembre no se puede hablar de tal derecho”, sentenció, en contra de quienes afirman que, cuando se decidió incumplir la actualización, el derecho ya estaba generado.

Además, Burgos concretó que en 2013 el Estado se hará cargo del pago de todas las prestaciones no contributivas. Esto completa la llamada separación de fuentes del sistema. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 prevén un gasto por valor de 15.500 millones.

Por su parte, la secretaria general de Empleo, Engracia Hidalgo, destacó que el paro registrado se ha comportado “mejor” que en noviembre de 2011. La secretaria de Estado aplazó además hasta diciembre un primer balance del plan Prepara -los antiguos 400 euros-.

Según Hidalgo, el incremento en la contratación indefinida en el mes de noviembre se relaciona con un mayor uso del contrato a tiempo parcial, tras los cambios introducidos por la reforma laboral.