Las personas mayores de 65 años, que en España superan los ocho millones, sufren cada año unos 300.000 accidentes que precisan asistencia sanitaria, lo que genera un gasto superior a los 420 millones de euros: más de 380 millones de coste de la sanidad, y 43 millones indirectos, asumidos por sus familiares (ausencias laborales, contratación de cuidadores, ayudas ortopédicas, entre otros). Es la conclusión del “Estudio de evaluación económica de la accidentalidad de las personas mayores”, presentado por el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre, en colaboración con el Imserso, la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y el primer estudio, a escala nacional, que intenta cuantificar el impacto económico de los accidentes de la denominada tercera edad.

Antonio Guzmán, del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre, explica que este estudio se enmarca dentro de la campaña de prevención “Con mayor cuidado”. Alfredo del Campo, autor del informe, destaca que los accidentes de las personas mayores suponen el 0,5% del gasto sanitario total en España y el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), que el coste más importante es el derivado de la hospitalización, los ingresos en urgencias y las intervenciones quirúrgicas.

La prevención es básica para reducir esa siniestralidad. Una disminución del 10% de estos accidentes puede suponer un ahorro de 42 millones de euros. Pero Alfredo del Campo precisa que “la necesidad de reducir la cifra de accidentes debe venir motivada no tanto por la disminución del coste sino más por la reducción del sufrimiento humano, ya que se genera un importante deterioro de la calidad de vida de estas personas y de sus familiares”.

El 14,6% de los mayores de 65 años ha tenido algún accidente con consecuencias sanitarias en los últimos cuatro años. De ellos, el 91,4% sólo ha tenido uno. De los 300.000 accidentes anuales, el 83,4% son caídas. Prácticamente 150.000 son fracturas de cadera, que tienen un coste total de 150 millones de euros. El 54,4% de estas personas sufre una o dos enfermedades crónicas, el 17%, tres o más, y sólo el 27,3% puede considerarse sanas.

El informe destaca que si la edad de jubilación se estableciera en 67 años, “habría que considerar las bajas laborales que solicitaran las casi un millón de personas que se encuentran entre los 66 años y los 67 años”, lo que disparará los costes directos e indirectos de los accidentes de mayores de 65 años.

Además, en el 51,7% de los accidentes se necesitó ayuda familiar, lo que supone necesidad de permisos y ausencias laborales de la familia y acompañantes. En el 7,8% se tuvo que contratar a un cuidador.

 La importancia de la prevención

José Manuel Ribera, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, destaca la importancia de la prevención, porque “muchos de los accidentes de las personas mayores se pueden evitar”. Señala que “con los recortes, el panorama de la accidentalidad de las personas mayores se va a complicar enormemente, ya que las limitaciones económicas mandan sobre los criterios médicos”. Además, “cuando el lucro entra en el sector sanitario, también lo hace la tendencia a abaratar costes”. “Los hospitales externalizados tienen menos recursos”, argumenta.

Alfredo del Campo reflexiona: “Mejor que recortar es prevenir, porque si se recorta en prevención de accidentes, se dispararán los costes. El ahorro de costes por una menor accidentalidad debe destinarse a más actividades de prevención”, añade.

Los dos expertos coinciden en su temor a que los recortes en la sanidad pública impuestos por los Gobiernos nacional y autonómicos del PP dificulten la necesaria labor de prevención.