Cuando hay poco ruido parlamentario, como ocurre esta semana surcada por el puente de la Constitución, se escuchan mejor las palabras. Las frases del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ante la Comisión de Justicia del Congreso, haciendo saber que “vamos a ir a acciones penales individuales en el caso de las emisiones de participaciones preferentes que se hicieron en términos de estafa”, han debido sonar a gozne de presidio a los antiguos ejecutivos de al menos una entidad financiera. Por lo que hasta ahora conocemos, se trataría de directivos de Nova Caixa Galicia Banco.

Las palabras de Torres Dulce fueron contundentes sobre la exigencia de “responsabilidad penal” a los promotores de la oferta de esas inversiones bancarias con características de engaño a los pequeños ahorradores que ahora, por exigencias del rescate bancario, se han quedado sin un porcentaje de su dinero que va del 30 al 70%, según los casos, y en el del Banco de Valencia, ni eso. El fiscal afirmó, además, que ha instado “la anulación” de los canjes de las participaciones preferentes por acciones o deuda perpetua, tal como han propuesto la entidad gallega mencionada y Bankia.

Es muy probable también que la determinación del acusador público de investigar lo ocurrido en las cajas nacionalizadas y “rescatadas”, primero por el Fondo Frob del Banco de España y ahora con los 37.000 millones de euros fondos comunitarios, haya alarmado a determinados gestores de las entidades. El fiscal Torres Dulce ha creado equipos mixtos de expertos con la CNMV y el Banco de España para investigar los desagües y sumideros por los que se ha esfumado la pasta a beneficio de inventario. Eso era precisamente lo que pedían los socialistas en la proposición no de ley que presentó su portavoz económico, Valeriano Gómez, la semana pasada.

La investigación no será fácil ni rápida, pero la operación de discernir entre inversores “idóneos” e incautos ahorradores no puede ser muy difícil para la CNMV y la Fiscalía. Y aunque de antemano sabemos que el dinero es líquido, los líquidos se secan y el dinero se acaba, también sabemos que el dinero deja rastro, de modo que si el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, sigue el “método Al Capone” que le ha ordenado su superior y se centra en algunos asuntos muy concretos, quizá sea posible sentar en el banquillo en el “plazo razonable” que desea Torres Dulce a algunos directivos bancarios por indemnizaciones con características de latrocinio y otros desmanes.

La impresión de que el Fiscal General del Estado está dispuesto a sustanciar responsabilidades penales, sin dejarse amilanar por las resmas de papeles y de datos en el caso de la crisis bancaria, fue muy bien recibida por todos los grupos políticos, especialmente la oposición. No podía ser de otro modo, pues sin justicia no hay democracia. Así que sólo cabe esperar que del dicho al hecho no haya tanto trecho ni que con dos cabezas de turco resuelvan el asunto.