La oposición cargó hoy contra la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de quien reclamo la dimisión por «jugar» con los pensionistas, «burlar» al Congreso y «mentir» al conjunto de ciudadanos por interés electoral, tras haber sostenido durante meses que el Gobierno cumpliría la ley, dando a entender que mantendría el poder adquisitivo de los pensionistas, un colectivo que ha perdido un 8,1 por ciento de poder adquisitivo desde mayo de 2010 según cálculos de CiU.
Fátima Báñez encaró este miércoles la difícil misión de explicar al Congreso los motivos de la no actualización de las pensiones en función del IPC decidida por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros. Mientras tanto la oposición reclamó su dimisión y reprochó al Gobierno su «absoluta falta de credibilidad» al haber dado su palabra de que mantendría el poder adquisitivo de los pensionistas hasta pasadas las elecciones catalanes del pasado mes de noviembre
La ministra enmarcó la decisión en un contexto muy difícil marcado por la caída de ingresos por cotizaciones este año, que cifró en 4.613 millones de euros y los aplazamientos de pago solicitados por las empresas, que han detraído al sistema otros 2.400 millones de euros.
La ministra justificó además el cambio de ley que permitirá al Gobierno recurrir al Fondo de Reserva por tres años en una cuantía que determinará la Intervención General del Estado.
Tras la intervención de la ministra, las fuerzas políticas han cargado contra el Gobierno, al que han acusado de «robar» a los pensionistas al retirar la paga compensatoria y han responsabilizado a Báñez de la caída de ingresos de la caja de la Seguridad Social por el impacto de la reforma laboral, que ha abaratado los salarios y engordado la lista del paro en más de medio millón de personas en el último año de gobierno ‘popular’.
Así, la portavoz del BNG, María Olaia Fernández Dávila, ha abundado en esta idea al afirmar que un 83 por ciento de las empresas han aprobado expedientes de regulación de empleo (ERE) desde la entrada en vigor de la reforma laboral, de los cuales un 43 por ciento son de reducción salarial, lo que detrae recursos a la caja de la Seguridad Social.
Pérdida total de credibilidad
Buena parte de los grupos han acusado a Bañez de incumplir la ley y mentir a los ciudadanos al dar a entender que el poder adquisitivo de las pensiones estaba garantizado por interés electoral.
En esta línea, el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, ha lanzado incluso sus sospechas de que el Gobierno pactó el precio de los carburantes con las petroleras durante el mes de noviembre a fin de rebajar la factura de la actualización de las pensiones, si se hubiera producido, en función del IPC de noviembre.
Cuadra ha dicho además que no es «sensato» dedicar 37.000 millones a la banca, en referencia al rescate recientemente aprobado por la Comisión Europea para las entidades financieras españolas, y no evitar en cambio la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
Por su parte, el diputado de ICV-EUiA, Joan Coscubiela, ha reclamado a la ministra que busque «fuentes alternativas» de financiación de origen fiscal para pagar las pensiones y ha acusado a Báñez de «vender humo» y «engañar a los pensionistas con sus explicaciones a la Cámara.
Según Coscubiela, el Grupo Popular votó en octubre en el Congreso a favor de la actualización pese a que, sostuvo, disponían ya de todos los datos para tomar la decisión, finalmente en contra.
Mientras tanto, la portavoz del Grupo Socialista, Isabel López i Chamosa, ha recalcado que si la Seguridad Social tiene problemas se debe a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo.
Chamosa ha dicho que los pensionistas han perdido «en algunos casos» un 15 por ciento de poder adquisitivo por decisiones tomadas por el Gobierno ‘popular’ entre las cuales ha recordado la subida del IRPF, el copago farmacéutico, el ‘medicamentazo’ o exclusión de algunas referencias farmacológicas de la subvención pública, así como la subida del IVA.
No pasará el filtro del TC
Por su parte, el portavoz del Grupo Vasco, Emilio Olabarría, ha vaticinado que el real decreto, que deberá convalidar el Congreso el jueves de la próxima semana, no va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional (TC) y explicado que el Ejecutivo solo podrá haber retirado la paga compensatoria mediante la figura legal de la expropiación, ya que se trata de un derecho en su opinión, que los pensionistas ya habían generado. «»Esto es un atropello», sentenció
Por su lado, el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, acusó a Báñez de trata a los ciudadanos como «menores de edad» y ha recordado que el PP afirmaba en su programa electoral que estaba «comprometido con el poder adquisitivo de los pensionistas».
El portavoz del Grupo Catalán, Carles Campuzano, ha culpado al Ejecutivo de incumplir el Pacto de Toledo y ha añadido que los pensionistas llevan perdido un 8,1 por ciento de su poder adquisitivo desde el mes de mayo de 2010. Además ha augurado que se producirá un «estallido social» si el Gobierno persiste en sus políticas en lugar de reorientarlas hacia la creación de empleo.
Por último, la ministra, en su segundo turno de palabra, ha afirmado que el Gobierno tuvo que encarar tan solo dos opciones, como eran «no pagar las pensiones» o «pedir un crédito». Ha rechazado además las críticas a la reforma laboral, cuyas medidas han ayudado a conservar empleo, mantener la competitividad de las empresas, atraer inversión y generar confianza.
Báñez ha culpado además al Gobierno anterior de Zapatero de generar casi 40.000 millones de euros en gastos impropios en el ámbito no contributivo con cargo a la caja de la Seguridad Social, que se produjeron entre los años 2005 y 2011.