Una vez tomada declaración a los dos imputados, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Gerardo Díaz Ferrán, expresidente del grupo Marsans y de la CEOE, y para el actual presidente de la agencia de viajes, Ángel de Cabo por 50 millones, una fianza histórica en la judicatura. Ambos están acusados de supuesto “vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores”.

Está previsto que el expresidente de la patronal ingrese en la cárcel madrileña de Soto del Real si no presenta la fianza fijada. El fiscal del caso, Daniel Campos, había solicitado la prisión incondicional del empresario, pero al final el juez fijó una fianza similar a la que en su día fue impuesta a Javier de la Rosa por el denominado “caso Torras” en 1999.

Pero la fianza que hace historia es la fijada a Ángel de Cabo, que presuntamente compró las empresas de Díaz Ferrán a un precio muy inferior al de su valor con el único fin de vaciar el grupo de su patrimonio.

Un tercer implicado, Iván Losada, considerado mano derecha de Ángel de Cabo, también ha recibido presión eludible con una fianza de 30 millones, al ser presuntamente el “ejecutor” de los planes de vaciado patrimonial de las empresas que de Cabo compraba. Este sería el caso de Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumana.

A la secretaria de De Cabo, Susana Mora, también una fianza de 3.000 euros, al tenerse en cuenta que ha colaborado con la Justicia. Susana Mora fue administradora de la única sociedad de De Cabo que “produce dinero”, Promegan, y también custodiaba la “información comprometida”, además de dinero o cheques bancarios, que guardaba en su domicilio y en su vehículo particular. En total se le encontró un millón de euros.

Todos insolventes

Díaz Ferrán está imputado de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible, tras la denuncia presentada en enero de este mismo año por los principales acreedores del grupo: AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia. En las diligencias previas del caso se explica que tanto Díaz Ferrán, como su socio fallecido el pasado mes de junio, Gonzalo Pascual, habían organizado un plan para “alzarse con sus bienes, aparentando insolvencia patrimonial”.

Para lograrlo, vendieron el grupo que copresidían en junio de 2010 a Ángel de Cabo con el compromiso de los tres de que éste último les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales. De esta forma pretendían evita el pago de más de 1.000 millones de euros a sus más de 10.000 acreedores.

En el citado pacto se estipulaba, además, que Díaz Ferrán y Pascual recibirían respectivamente 100.000 euros mensuales hasta llegar a los ocho millones de euros cada uno. En la investigación del juez se explican los viajes realizados por el expresidente de la patronal a Valencia para cobrar lo pactado “cada dos o tres semanas”, mientras que Pascual no recibió ningún pago hasta el momento de su fallecimiento.

Durante la declaración ante el juez, que duró una hora, Díaz Ferrán ha negado en todo momento las acusaciones que se le imputan, dirigiendo todas las sospechas hacia su socio fallecido, al asegurar que Gonzalo Pascual se encargaba de las labores ejecutivas y el día a día de la organización del grupo. Y en cuanto a la venta, la ha justificado diciendo que se encontraba en crisis y desde ese momento perdió el control de las empresas y lo que ha hecho de Cabo con ellas.

Por lo que respecta a Ángel de Cabo, las diligencias del juez concluyen que desde la operación de Nueva Rumasa su actividad se ha basado únicamente en “justificar todos los movimientos de fondos”, encontrándose varios testaferros, como los encargos realizados a Rafael Tormo Aguilar de elaborar contratos simulados con el único fin de poder colocar activos fuera de España y diseñar la estructura societaria para operar en Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta y Hong Kong.

El juez Velasco también tomó declaración al resto de los detenidos en la operación “Crucero”, además de Díaz Ferrán y De Cabo, el empresario de Castellón Iván Losada, socio de De Cabo; su secretaria, Susana Mora, y su cuñado, Teodoro Garrido. Fueron asimismo arrestados los supuestos testaferros de De Cabo Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José Estelles Giménez y José Enrique Pardo Manrique.

Más declaraciones

Pero la declaración ante el juez Velasco no ha sido la única de Díaz Ferrán este miércoles. El empresario, que acudió a la Audiencia Nacional en un furgón policial a las 8,40 de la mañana  –junto con los otro nueve detenidos por la “operación Crucero”-, tras ser interrogado fue trasladado a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para declarar, en esta ocasión, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, José Silva, para explicar la concesión de un crédito de Caja Madrid por 26,6 millones de euros. El juez Silva también tomó declaración al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El periplo judicial del expresidente de la CEOE continuaba a las 15,30 horas en que Díaz Ferrán entraba en el despacho del juez Silva.

A todo lujo

De acuerdo con los datos de la fiscalía, Viajes Marsans debe unos 45 millones de euros a los grupos hoteleros que presentaron el pasado mes de febrero la denuncia, aunque fuentes cercanas al fiscal aseguran que hay más de 10.000 perjudicados por la presunta ocultación patrimonial de Díaz Ferrán y sus socios. Es por este motivo por el que Díaz Ferrán también está siendo investigado en paralelo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en este caso por presunta estafa y apropiación indebida de la agencia de viajes.

De momento, y como consecuencia de las investigaciones. La Audiencia Nacional ha bloqueado alrededor de 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que presuntamente de Cabo intentaba sacar del país a través de su trama societaria. El dinero, según la investigación, procedía de las empresas del grupo Marsans y de otras sociedades vinculadas a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, como sería del negocio de transporte aéreo (Air Comet, Trapsa, Holdisan y Grudisan).

Durante el registro de las propiedades de De Cabo se encontraron 380.000 euros en metálico en la caja de seguridad de una entidad financiera, cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido, también detenido; un millón de euros en el domicilio de De Cabo; 400.000 euros en la casa de su secretaria y otros 150.000 euros y un kilo de oro en el domicilio de Díaz Ferrán.

Pero el expresidente del grupo Marsans también había obtenido –según la investigación- más de cuatro millones de euros con la venta (el pasado agosto) a unos inversores rusos de una casa que tenía en la localidad mallorquina de Calviá, operación de ocultación de activos que no ha sido posible paralizar. También se habla de varios apartamentos de lujo en Nueva York y de un yate.

Junto a estos bienes, la Audiencia Nacional también ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá con el fin de conocer el paradero de los activos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual en el extranjero.

Por su parte, De Cabo operaba a través de la sociedad Esser Internacional 21, donde se encuentran gran parte de sus bienes.