La propuesta del Gobierno para que las grandes eléctricas participen en del llamado banco malo ha dejado perplejo al sector. Entienden que esta invitación se produce en un entorno en el que los inversores no muestran interés por participar en la sociedad que gestionará los activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), pero afirman las circunstancias de las compañías eléctricas no son las más idóneas para destinar recursos a ese fin. La participación estaría en el entorno de los 10 millones de euros por empresa.

El Ejecutivo no planteado estas solicitud como una ayuda, sino que ha señalado que las compañías, especialmente Endesa e Iberdrola, cuentan con un parque de activos inmobiliarios de importancia del que en su día se pueden plantearse desprenderse. Mientras, los apelados basan el rechazo a formar parte de la sociedad bancaria en que las eléctricas cuentan con demasiadas incertidumbres como para destinar recursos a fines ajenos a su actividad.

Pero hay más razones. Esta propuesta se produce cuando la ley de sostenibilidad energética emprende su última etapa en el Senado sin que sea previsible que se sumen cambios sustantivos en el texto, a excepción de la enmienda del Grupo Popular que promueve que el gravamen a la generación eléctrica pase del 6% -que contemplaba el anteproyecto- al 7%.

Un factor que se ha unido a otras modificaciones, que han tenido lugar desde que el Gobierno aprobó esta noma, y que se han traducido en que los expertos de los bancos de inversión y los brokers detecten incertidumbres añadidas para las eléctricas. Otro aspecto que ha penalizado a estas empresas en Bolsa  es la decisión del Gobierno de no asumir vía Presupuestos Generales del Estado los 2.000 millones de euros anuales del pago de intereses vinculados a la emisiones de deuda eléctrica.

Sin embargo, con ser el tema en sí relevante, lo que se valoró más negativamente fue el «cambio de opinión» del Ejecutivo, ya que el titular de Industria, José Manuel Soria, había manifestado en septiembre que esos costes iban a ser extraídos del sistema, en un contexto en el que el déficit acumulado supera los 24.000 millones. En este ámbito y después de dar marcha atrás en varias propuestas, parece que se analizan otras alternativas, y una de las ellas pasaría porque el Estado emitiera deuda por los citados 2.000 millones. De esta forma, esa cifra saldría de las cargas del sistema pero sin tener el mismo impacto en el déficit público que si esa asumida por la vía de los Presupuestos. Esta posible decisión ha sido uno de los temas expuestos en el encuentro mantenido el martes, 4 de diciembre, entre Goldman Sachs y el Ministerio de Industria, y en el que desde el departamento que dirige Soria se puntualizó, asimismo, que no se producirán nuevos recortes de ingresos para el sector, ni en generación, distribución ni en transporte. «Las eléctricas ya han hecho su contribución», señala el banco estadounidense en un pequeño informe posterior a la reunión. Si el Ejecutivo opta por la vía de las emisiones, las operaciones podrían realizarse a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que ya tituliza el déficit tarifario, o directamente a través del Tesoro. La ventaja de que sea a través del organismo de Hacienda es que la colocación sería más barata en unos 70 puntos básicos. Industria también transmitió a Goldman su esperanza de que el déficit de tarifa de este año quede al final en los comprometidos 1.500 millones de euros, pese a que actualmente supera los 3.000 millones. El cambio de tendencia se lograría por el proceso de refacturación emprendido por las eléctricas desde agosto y por el impacto de los topes fijados a las subvenciones a las solares. Y para 2013, según Goldman, el Gobierno confirma que el déficit sea cero. La entidad considera que si el déficit evoluciona de acuerdo con las previsiones que ahora tiene el ministerio sería una buena noticia e no sólo en sí, sino además porque reduciría el riesgo de nuevas penalizaciones al sector.