Los máximos responsables  de los campus aseguran que son “plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país”, que viven en primera persona y, por esta razón, valoran  “los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante”. Resaltan, además, el trabajo de las universidades para mejorar su rendimiento a pesar de los recortes que están sufriendo en los últimos años. “Hasta ahora -aseguran-, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación”.

Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las comunidades autónomas, “nos encontramos –lamentan los rectores- en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales”.

En relación con los Presupuestos para 2013, los rectores denuncian una disminución en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, recortes que “suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i” que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país “

Además, “los efectos del  endeudamiento de las comunidades autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable”.

Para los rectores, todo esto “se contradice con el discurso político, de que “nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento”. Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.

Por todo ello, los rectores piden que “la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos”.

Como contrapartida, las universidades se comprometen a “incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza”. Asimismo, muestran su voluntad de colaborar con las administraciones públicas para “ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas”.

Entienden las primeras autoridades públicas de los campus que si sus instituciones pierden calidad, también  lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. Y advierte de que “no perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos, el conjunto de la sociedad”, circunstancia que hará que nos quedemos “sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.

El gasto de las universidades públicas en 2010 alcanzo los 10.000 millones de euros, y en los últimos tres años se han perdido más de 800 millones.

Las consecuencias del recorte han sido despidos de personal, recorte de programas y de gastos de mantenimiento de los campus, además de los efectos de las medidas económicas aplacidas por el Gobierno a los funcionarios.