Los controladores se pasaron con su “chantaje ilegal y dañino” al Gobierno, tomando como “rehenes” a cientos de miles de ciudadanos –los afectados por sabotaje fueron unas 900.000 personas, según los datos que aportó Josep Antoni Durán i Lleida–, y José Luis Rodríguez Zapatero gestionó lo mejor que pudo la crisis y logró que regresaran a sus puestos de trabajo en 24 horas. En eso estuvieron de acuerdo todos los grupos en el pleno extraordinario del jueves para ratificar el estado de alarma, que vence del 18 de este mes y que se prorrogará “lo que sea necesario, aunque ni un día más ni un día menos, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó el presidente.

La reprobación de la huelga salvaje que los controladores protagonizaron a partir de las 5 de la tarde del viernes, cuando comenzaba el puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada, el más largo del año, fue unánime y agotó los sinónimos del diccionario. “Sus formas son ilegítimas, son ilegales y son intolerables; reclamen lo que reclamen no tienen razón”, afirmó el líder del PP, Mariano Rajoy. De “indignante e intolerable” la tachó Durán, de CiU; de “chantajista e impresentable” Josu Erkoreza, del PNV; de “radical y profundamente impresentable”, Rosa Díez, y así sucesivamente. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Ridao, de ERC, condenaron el “sabotaje” sin ambigüedad, y lo propio hicieron el canario Francisco Perestelo, el gallego Francisco Jorquera  y los navarros Uxue Barkos y Carlos Salvador durante las tres horas que duró la sesión.

El presidente Zapatero explicó los pormenores de las sucesivas desobediencias de ese colectivo que obligaron a AENA a cerrar el espacio aéreo por motivos de seguridad. Reconoció que el Gobierno estaba avisado del plante, que ya había comenzado en Santiago de Compostela y en Canarias y amenazaba con extenderse a toda España con el argumento de que iban agotando las 1.670 horas de jornada laboral. Para resolver las discrepancias de interpretación, el Consejo de Ministros introdujo el viernes la precisión de que eran “horas aeronáuticas”, es decir, de trabajo efectivo, no bajas ni permisos ni imaginarias ni horas sindicales.

La decisión del Gobierno de no ceder al “chantaje” que habían calculado esos profesionales antes del puente laboral provocó, según explicó el presidente, “el abandono súbito y masivo” de sus puestos de trabajo, alegando “insuficiencia de facultades”. A continuación desobedecieron las órdenes del “comité de crisis” presidido por el ministro José Blanco y obligaron al Gobierno a dictar un segundo decreto trasladando al Ministerio de Defensa el control aéreo. Pero tampoco obedecieron a las autoridades de Defensa. Fue entonces cuando, ya en la madrugada del sábado, el presidente convocó el Consejo de Ministros y decretó el estado de alarma, desplegando a 190 oficiales del Ejército del Aire en las torres de control y centros de navegación aérea y obligándoles, bajo la jurisdicción castrense, a regresar a sus puestos de trabajo.

Paralelamente, la Fiscalía comenzó a abrir expedientes por “desobediencia y sedición”, previstas en la Ley de Navegación Aérea, a los que abandonaron sus puestos y desobedecieron. Se llevan abiertos más de 430 expedientes, con penas que oscilan entre 3 meses y 8 años de cárcel. El presidente invocó una sentencia de la Audiencia Nacional de mayo pasado para destacar que la situación laboral de este colectivo privilegiado ha sido “excepcional”, “en fraude de ley” y “no tolerable”, según la Audiencia. “No tolerarla más es lo que ha hecho el Gobierno”, añadió provocando una atronadora salva de aplausos de los diputados socialistas.

Rajoy manifestó el pleno apoyo de su grupo a Zapatero y a las medidas que adoptó, pero tanto en su primera intervención como en la réplica criticó la pasividad del Ejecutivo por no haber abordado hasta febrero pasado la renovación de un convenio que venció en 1994 y no haber convocado más de 150 plazas en seis años ni resuelto la homologación de los controladores militares. “Y eso se debe a que tiene un ministro a tiempo parcial que no se dedica a lo que se tiene que dedicar y se dedica a lo que no tiene que dedicarse”, le dijo en referencia a José Blanco. Y a renglón seguido añadió: “el ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importantes de cara dura”. Entre protestas de los socialistas matizó: “No seré yo quien le dedique esos epítetos que fueron los que pronunció el señor Rubalcaba en 1999 contra el entonces ministro por un retraso en Barajas”. El ministro de Fomento era entonces Francisco Álvarez Cascos.

Zapatero defendió a Blanco, del que dijo que ha sido el primero de los Gobiernos que se han sucedido que ha abordado el tema con decisión mientras otros se dedicaron a vadear la situación. También señaló que la homologación lleva su tiempo y aclaró a Durán y a Ridao que el nuevo modelo de separación de la gestión de los aeropuertos y de la navegación aérea está en marcha a partir de la ley de febrero pasado. Aunque Zapatero no quiso enfatizar que los privilegios de los controladores, amparados en el manejo de aviones y aeropuertos, fueron reforzados por el Gobierno del PP en 1999, el portavoz socialista José Antonio Alonso se encargó de recordarlo.

En el debate aparecieron las primeras valoraciones sobre las pérdidas provocadas por el sabotaje. El presidente dijo que “es pronto” para hacer un balance, pero Durán las cifró en 500 millones de euros en Cataluña y Perestelo aseguró que 50.000 turistas no pudieron llegar a Canarias. A la misma hora, el alcalde de Madrid, las cifraba en unos 140 millones de euros para el comercio y el turismo en la capital. La nota irónica corrió a cargo de Gaspar Llamazares, quien en referencia a “los privilegios” de los controladores que invocó Zapatero, reclamó “medidas fiscales” contra otros privilegiados y dijo: “Seguro que el señor Botín estará temblando en estos momentos”.