Funcionarios insurgentes

09/12/2010

Joaquín Pérez Azaústre.

Parece ser que el único resto de insurgencia ciudadana está en los funcionarios andaluces. Siguen saliendo a la calle cada día, para boicotear los actos públicos de las distintas consejerías, armados con silbatos, cacerolas, cánticos de fiesta y de razón. Su único interés es informar a la población de lo que está ocurriendo, que tiene un poco que ver con la voladura interna de la Administración y, según las lenguas más largas y cortantes, algo también con lo que se ha llamado el “clientelismo” de la Junta. El asunto es el siguiente: los funcionarios de las distintas consejerías y centros provinciales exigen la derogación del decreto ley 5/2010, y también del de su primo hermano, el 6/2010, impulsado desde el Gobierno andaluz para neutralizar los efectos jurídicos del recurso de amparo admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, en contra del primero: se había publicado el 28 de julio, con esa alevosía veraniega envuelta en la sangría y el Mundial. Como en todo decreto ley, el Gobierno legislaba sin debate parlamentario, basado en una extraordinaria y urgente necesidad. Pero, esa necesidad, ¿era efectiva?

En los últimos veinte años, se ha organizado una red de empresas públicas, fundaciones y agencias, con vida semejante a la Administración. Se trata de miles de trabajadores contratados sin oposición, como los funcionarios, y sin haber superado los controles previstos en el estatuto básico del empleado público. Estos empleados trabajan en estas fundaciones, en estas agencias, con un dinero público reservado, por ley, a las actividades propias los funcionarios públicos, que se van quedando desprovistos, lentamente, no sólo de autoridad, sino de atribuciones. Pues bien, es en esto cuando aparece este decreto ley, primero el 5/2010 y luego el 6/2010, para unificar a estos dos campos limítrofes: por un lado, los funcionarios con su plaza ganada justamente por oposición, con esa independencia indispensable para la función pública, en la emisión de informes, tasaciones, multas y demás; y, por otro, estos trabajadores contratados a dedo, que es un poco lo contrario a lo que significa la razón jurídica del funcionariado. Así, es un decreto de asimilación, tras el cuál el sector público habrá quedado irremisiblemente dañado, porque además la oferta pública de empleo quedará taponada.

La Administración demanda una urgente reforma estructural; pero necesitamos dos administraciones paralelas, ni, mucho menos, unirlas. Hoy los funcionarios andaluces representan la última defensa de cualquier ciudadano ante un Estado con garantías públicas.

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2 pensamientos en “Funcionarios insurgentes

  1. Me parece que unir el adjetivo insurgente al nombre funcionario, es como lo de IKEA que une república y casa.

    Se te olvida, por otra parte, que muchas plazas de funcionarios están creadas para alguien con nombre y apellidos. Además de que luego están aquellos que son de libre designación, que también suena a dedo.

    Me parece que ¡Ya es hora! de que salgan a la calle!. Yo salí el 29 S y antes ya salí a la calle en el 2009, para decir que NO a este neo liberalismo sin riendas
    .
    Y me jugué mi puesto de trabajo, mientras entraban al suyo, si ningún pitido, ni cazoleteo, los funcionarios, (municipales, los autonómicos y los estatales), enviándonos, literalmente, y disculpa por la expresión: «¡a la mierda!»

    Salud y esperemos que ya, no sea tarde.

  2. Andante, precisamente por eso lo titulé así: por lo llamativo de la asociación, y de su actuación. Por otro lado, esas plazas creadas para alguien en concreto son de trabajadores públicos, no funcionarios, que ahora tratan de unificarse. El funcionario necesita independencia en su trabajo sobre los ciudadanos -informes, multas, etc-, y esa independencia la garantiza un puesto fijo.

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