La Cámara de Barcelona pide suprimir el 20% de entidades públicas catalanas

11/12/2012

Joan Carles Valero. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, reclama el adelgazamiento del del sector público catalán con una propuesta que supondría ahorrar 2.700 millones sin afectar a los servicios vinculados a la salud.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha propuesto este martes eliminar un 20 % de las 254 entidades públicas de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de ahorrar más de 2.756 millones de euros. Una propuesta para evitar la intención de ERC de subir impuestos a cambio de dar su apoyo a CiU.

El representante empresarial también reclama que la reforma de la administración y por tanto, la eliminación de la burocracia, entre en la agenda política del nuevo gobierno catalán surgido de las elecciones de noviembre, y pide para ello “un gran apoyo político transversal” que no se circunscriba a ERC, partido independentista que aboga por aumentar la presión fiscal para recaudar más.

 

El gobierno catalán en funciones anunció ayer que debe reducir el presupuesto del año que viene en 4.000 millones. Valls ya advirtió ayer de que una eventual subida de impuestos en Cataluña sería muy perjudicial para la economía catalana y provocaría más desconfianza entre los inversores y una nueva contracción del consumo. De entrada, el mero anuncio de más impuestos puede afectar negativamente el consumo en periodo navideño.

 

Según la Cámara de Barcelona, el futuro gobierno catalán deberá llevar a cabo una profunda simplificación administrativa como alternativa a una posible subida de impuestos. La institución empresarial se opone a las condiciones de mayor presión fiscal que plantea ERC a cambio de apoyar al nuevo Govern de CiU, que pasan por recuperar el impuesto de Sucesiones para las rentas más altas, aumentar el de Patrimonio y crear nuevos tributos para los depósitos bancarios, las transacciones financieras, las centrales nucleares y las grandes superficies comerciales.

 

Según Valls, el sector público de la Generalitat necesita continuar con la política de austeridad iniciada hace tres años, pero también suprimir «todo aquello que no es esencial» y que permita aumentar la eficiencia y productividad. En este sentido, la Cámara propone aplicar un plan de adelgazamiento institucional que represente la supresión del 20 % de las entidades participadas por la Generalitat, lo que significaría pasar de las 254 agencias que figuran en el presupuesto de la Generalitat de 2012 a unas 200 entidades en 2015. La medida permitiría ahorrar 2.756 millones de euros y debería acompañarse con una disminución del 20% en el presupuesto del conjunto de entidades públicas (empresas, entidades de derecho público, consorcios y fundaciones).

 

No obstante, la Cámara propone que queden excluidas de esta reducción las tres entidades vinculadas al sector de la salud: CatSalut, ICS e ICASS. Se trata, asegura la organización empresarial, de «poner orden» en el subsector de entidades públicas, dado que algunas de ellas «pueden no ser necesarias en el momento actual».

 

La entidad también ha propuesto en un comunicado profesionalizar la gerencia de los entes públicos, concentrar la gestión de agencias y equipamientos de características similares para compartir costes, y mejorar la transparencia informativa de estas entidades a través de Internet. Asimismo, Valls reclama profundizar en los objetivos de simplificación administrativa de la Generalitat que se iniciaron con la Ley Omnibus, porque lo realizado hasta ahora «es un primer paso importante pero claramente insuficiente». La Cámara barcelonesa lamenta que todavía hay un número excesivo de normas que regulan la actividad económica en Cataluña y suponen costes que se podrían dedicar a otros asuntos más útiles para la economía.

 

Respecto al sistema de financiación de Cataluña, Valls ha deseado que «el trato fiscal sea similar al del País Vasco», pero ha evitado pronunciarse sobre la independencia porque la entidad empresarial que preside no se posiciona sobre aspectos políticos. Ha insistido en el rechazo de la Cámara a una subida de impuestos, porque ello perjudica a la creación de empleo, y ha abogado por el avance hacia la armonización fiscal en Europa, de forma que se paguen los mismos impuestos en todos los países, desde los referentes a las grandes fortunas hasta los que se aplican a camiones que utilizan vías rápidas, tasa conocida como euroviñeta.

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