La lógica aristotélica en manos de este Gobierno es una herramienta poderosísima. El presidente Mariano Rajoy la utilizó en el pleno del miércoles frente a su contrincante Alfredo Pérez Rubalcaba para afirmar, un año después de su llegada a La Moncloa, que la primera causa de nuestros males sigue siendo el déficit público al que nos arrastró el maladado Zapatero. Y como toda causa produce un efecto, he ahí esas consecuencias que en los dos minutos y medio de alocución sobre el primer aniversario del Gobierno del PP resumió Rubalcaba: “Nunca se destrozó tanto en tan poco tiempo; Rajoy ha empeorado la vida de millones de españoles, y lo que es peor, está poniendo en riesgo su vida futura porque está desmontando pieza a pieza el Estado Social que durante 30 años hemos creado entre todos los españoles”.

Rajoy le contestó con la aplastante lógica de retrovisor: “Si el Gobierno socialista hubiera cumplido el 6% de déficit en lugar del 9%, no habríamos tenido que gastar más de 30.000 millones” y le recordó que la reducción del déficit público es una condición sine qua nom para poder superar las dificultades de financiación de la economía española, crecer y crear empleo. Lógica aristotélica la del presidente para contestar también a Rosa Díez sobre la no revalorización automática de las pensiones. Al presidente le habría gustado actualizar la paga de los pensionistas, pero no ha podido ser porque la primera causa, el déficit excesivo de Zapatero, quien ya tuvo que congelar las pensiones, se lo impedido.

Si el presidente Rajoy no es Descartes, no duda, tampoco los ministros más provocadores del momento albergan dudas sobre lo que han de hacer. Al titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le parece lógico que los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados y procuradores protagonicen un plante de una hora y amenacen huelga “porque les hemos suprimido la paga de navidad, se les suprimen los días libres, se les obliga a trabajar por las tardes”. Y toda causa, genera un efecto. Sólo que la protesta de la judicatura no es únicamente por los recortes sociales, sino contra el “tasazo” que nos convierte en más desiguales ante la justicia.

Lógica aristotélica en versión tomista la del ministro Wert y su proyecto de reforma de la enseñanza obligatoria. El castellano es la lengua de todos los españoles, los catalanes son españoles, luego los catalanes tienen derecho a aprender en castellano. Su razonamiento parece correcto, aunque ataca la exitosa inmersión lingüística en catalán que, sin perjudicar en absoluto al castellano –como lo demuestra el hecho de que sea la segunda lengua más hablada del mundo–, se inició hace treinta años en Cataluña.

Alfred Bosch, de ERC, y Joan Coscubiela, de ICV, le aseguraron que “ni con un guardia civil en cada aula los alumnos dejarán de estudiar en catalán”. Los catalanes no acatarán ni cumplirán esa norma, advirtieron. Francesc Vallès, del PSC-PSOE, le dijo: “Si quiere tocar la lengua catalana va a encontrar en frente a todo un pueblo; el conflicto va a ser muy duro y muy largo; váyase antes de que sea demasiado tarde”. Pero el ministro, turris burris lo que dijeran los catalanes. ¿Acaso no es Santo Tomás de Aquino el patrón de las escuelas? Por tanto, ni caso tampoco a los argumentos del socialista Mario Vedera, sobre el retroceso del sistema educativo a los tiempos enn los que los obispos mandaban en la enseñanza pública y privada.

Si de la lógica precartesiana pasamos a la jurídica, sobre los derechos y deberes fundamentales, vemos que la mayor parte de los grupos parlamentarios de la oposición –con excepción de CiU y de UPyD, sumergida en la duda–, se disponen a elevar al Tribunal Constitucional los recursos contra la no actualización de las pensiones, contra el “tasazo” de Gallardón y, cuando se materialice, contra la proyectada reforma educativa de Wert. Ese es el anuncio.

Un último apunte para reseñar el rechazo del PP y la abstención de CiU a la iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos CCOO y UGT sobre una reforma laboral equilibrada y más justa que la acometida por Zapatero y acentuada por Rajoy. Después de recoger 1,6 millones de firmas y de presentar la proposición de ley en julio de 2011, la mayoría absoluta del PP rechazó el martes el texto sin dar opción al debate del articulado. “Así no se prestigian precisamente las instituciones democráticas”, se quejó amargamente el dirigente de UGT Toni Ferrer.