Las diferencias entre el Ejecutivo y la dirección de Iberia no parece que se hayan solventado. Las reacciones contra al plan de transformación de la aerolínea han despertado no sólo la oposición del complejo entramado sindical de la empresa, sino también la del Gobierno de España que, a través de la participación de la nacionalizada Bankia y de la Sepi, es el representante del Estado, primer accionista de IAG, grupo resultante de la fusión de British Airways e Iberia. En conjunto suman el 14,8% del capital.

En este contexto, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha manifestado hoy jueves que el Gobierno no utilizará esta participación para influir en Iberia, pero a continuación ha expresado la preocupación del Ejecutivo por la pérdida de peso de España en la actividad aérea. Dicho esto, Soria ha destacado lo que, en su opinión, es una situación muy a tener en cuenta: desde la fusión con British Airways el número de rutas ha disminuido para la empresa española, mientras que ha aumentado para la británica. Evolución que se puede trasladar a los ingresos: suben en BA y bajan en Iberia.

En este contexto, el Sepla está estudiando la presentación de una demanda contra el presidente de IAG y de Iberia, Antonio Vázquez, y contra el consejero delegado de la aerolínea, Rafael Sánchez-Lozano, ante «posibles irregularidades en la gestión». La acusación que preparan, aunque no se han especificado los datos de los que disponen, es grave: algunas de  las decisiones tomadas por el equipo directivo habrían beneficiado a BA y perjudicado a Iberia.

Por su parte, los sindicatos han pedido a la dirección de la aerolínea una negociación global del plan de viabilidad durante las reuniones de hoy jueves, a la espera de encontrarse el próximo lunes en la sede del Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). El colectivo de tierra ha entregado un escrito con las propuestas sindicales de anteriores reuniones.

Mientras, Iberia no ha acudido a la reunión convocada por el mediador del anterior conflicto laboral, Jaime Montalvo, que tenía como objetivo iniciar los trámites para dictar un nuevo laudo. La compañía ha solicitado a Fomento la designación a otro árbitro para dirimir sus diferencias con el Sepla. En una carta remitida al mediador, la aerolínea duda de su imparcialidad y que, por tanto, deba ser él quien repita el laudo.