Fuentes de Hacienda han concretado que el «aviso a navegantes» realizado por Montoro no es una medida improvisada y lleva un tiempo en estudio como «una iniciativa más de lucha contra el fraude».

En estos momentos Hacienda se encuentra definiendo los parámetros para separar a los grandes defraudadores y morosos de los que no lo son, y en una fase posterior se determinará qué normativa será necesario modificar, según han dicho las mismas fuentes a Ep.

En cualquier caso, desde Hacienda se señala que esta medida requerirá inevitablemente introducir cambios en el artículo 95 de la Ley General Tributaria en la que se indica que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones «tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros».

La Ley ya establece una serie de casos en los que lógicamente pueden transferirse estos datos, la mayor parte referidos a la colaboración con otras instancias, como los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal, la Inspección de Trabajo o el Tribunal de Cuentas.

Hacienda apunta que «hay que mantener el derecho de confidencialidad», pero asegura que este precepto se podría mantener introduciendo «alguna excepción» adicional a las que ya contempla la Ley, que daría potestad para publicar dicha lista de defraudadores y morosos.

Por el momento, desde Hacienda no se ha establecido un horizonte temporal en el que aprobar los cambios necesarios en la legislación, ya que aún se están tomando ideas de otros ordenamientos jurídicos, especialmente de la legislación anglosajona, para diseñar la medida.

Montoro ha lanzado este nuevo «reto» a los grandes defraudadores después de que las 31.484 declaraciones presentadas en el marco de la amnistía fiscal finalizada el pasado 30 de noviembre aportaran una recaudación de 1.191 millones de euros, un poco menos de la mitad del objetivo previsto por el Gobierno (2.500 millones de euros).