Industria no prevé promover cambios de última hora en el proyecto de ley de sostenibilidad energética por más que sea la causa, según fuentes empresariales, de la decisión de cerrar la central de Garoña. La normativa volverá al Congreso el jueves para ser ratificada, con algunos cambios técnicos, y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin que se modifiquen los aspectos más polémicos que impiden, según fuentes empresariales, la viabilidad de la planta. Y es que añaden que la suma de tasas -una de ellas referidas al coste de tratamiento del combustible nuclear- y de las inversiones requeridas por seguridad hacen inviable la ampliación de la vida útil de la planta.

En esta línea, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha rebatido hoy martes los argumentos de las empresas, indicando que la unión de los nuevos impuestos y las inversiones que tendrán que materializar para mantener abierta Garoña hasta 2019 está por debajo de las reclamaciones por el lucro cesante que presentaron sus dueños cuando el Gobierno de Zapatero les obligó a cerrar la central en 2013. El lucro cesante hasta 2019 se eleva a 400 millones de euros y a 1.000 millones hasta 2029, según esas reclamaciones. No obstante, fuentes del sector señalan que estas cifras no están actualizadas y que serían menores ya que se basaban en un precio de 80 euros por megavatio-hora, cantidad que el exceso la reducción del consumo y el exceso de capacidad instalada han empujado a la baja.

Ahora empieza, por tanto, el proceso del cierre de la central, que está ‘desenchufada’ desde el domingo, pero que todavía deberá cumplir con las mismas condiciones que cuando estaba activa hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Gobierno autoricen su desmantelamiento. Entonces comenzará la fase de pre-desmantelamiento con la retirada del combustible de las piscinas y la paralización de reactores. A partir de ese momento entrará en el proceso Enresa para realizar, entre otras actividades, la retirada de los combustibles que se introducirán en contenedores fabricados por Equipos Nucleares.

Pero esta etapa será larga. En los próximos meses, Nuclenor tendrá que aportar la documentación que demande el CSN en el protocolo de actuación que precede al cierre de todas las instalaciones nucleares. La información se entregará previsiblemente hasta julio para que Garoña entre en la fase que pondrá fin a su actividad tras 41 años en activo. El coste de este proceso podría superar los 250 millones de euros.

Pero las diferencias entre Industria y las eléctricas propietarias de plantas nucleares no queda ahí.  El ministerio ha abierto un expediente por infracción grave contra las plantas de Almaraz, Trillo, Ascó, Vandellòs y Cofrentes por incumplir la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares. Esta norma de mayo de 2011 daba un año para convertir cada central nuclear en una sociedad con el fin de elevar la transparencia. Hasta ahora están organizadas como agrupaciones de interés empresarial, lo que, a juicio del ministerio, podría diluir las posibles responsabilidades civiles.