La nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que agrupará diversas organismos reguladores y supervisores, empezará a funcionar a partir del próximo verano.

Según De Guindos, el calendario de tramitación que se fijó prevé que la aprobación definitiva de la norma, que aún tiene que someterse al debate de enmiendas parciales, tenga lugar en la primera quincena de marzo.

Posteriormente, habrá que poner en marcha la CNMC formalizando los trámites de nombramiento de sus responsables y aprobando el reglamento y el estatuto orgánico, lo que conllevará unos cuatro meses.

«Hay que destacar el reducido plazo de tiempo«, dijo el ministro, fijando por tanto la entrada en vigor del nuevo organismo regulador en el próximo mes de agosto.

Ahorros por reducción de estructuras

Además, el impacto presupuestario será «positivo» según De Guindos, ya que los altos cargos pasarán de los 50 que actualmente se reparten por los siete organismos que se fusionarán a los nueve que tendrá la nueva institución, lo que supone 4,2 millones menos de gasto anual. También habrá un ahorro en el gasto de funcionamiento por valor de 6 millones.

Según el titular de Economía, en el supuesto de que el ahorro equivalga al 10% de los gastos actuales el ahorro podría elevarse hasta los 28 millones de euros -de los que 18 millones serían por no poner en funcionamiento algunos organismos y los restantes 10 millones por ahorros en altos cargos y gastos-, mientras que si se alcanza el 15% el ahorro llegaría a los 34 millones.

«En Alemania, el ahorro alcanzó el 25% del gasto», añadió De Guindos, dejando así la puerta abierta a ahorros incluso superiores.

En cuanto a las sedes, el titular de Economía avanzó que la sede central de la CNMC estará en Madrid, pero admitió la posibilidad de usar las actuales sedes de los varios organismos como dependencias descentralizadas de la nueva Comisión.

De hecho, junto al menor gasto que se registraría en las cuentas públicas, el ministro subrayó otros «efectos económicos positivos» derivados de la «mejora de la competitividad, del refuerzo de la seguridad jurídica y del aprovechamiento de las sinergias» entre organismos que actualmente son independientes.

Nueva estructura

De Guindos precisó a renglón seguido que el objetivo de este proyecto de ley es «aumentar la eficiencia» de los reguladores «eliminando costes innecesarios y reduciendo su tamaño» lo que acarreará una «reducción de las cargas impositivas a las empresas y a los consumidores y usuarios».

Para eso, es necesario agrupar los organismos actuales que tienen «funciones y objetivos similares» y eliminar aquéllos cuyas funciones pueda realizar la propia administración, que también recibirá las competencias que, en un proceso de «racionalización», no tenga sentido mantener en los supervisores.

Así, algunos ministerios asumirán las tareas de contenido «meramente administrativo», tales como el registro, la liquidación de tasas o la información, consultas y quejas; mientras que la CNMC mantendrá las competencias de «regulación y fomento de la competencia con la máxima capacidad profesional y de imparcialidad».

Por otra parte, la unificación de organismos «aumentará la seguridad jurídica y la eficacia de las políticas de competencia» garantizando una mayor «coherencia y armonización» entre las decisiones que se adopten y la regulación que se promulgue.

«Para eso se aumentará la profesionalidad, neutralidad e independencia de los miembros de la CNMC, mejorando el régimen de nombramientos y ceses con fuertes disposiciones sobre prestigio y experiencia.

También se garantizará una efectiva separación de la fiscalización y el enjuiciamiento, y se aprovechará mejor la complementariedad de perfiles técnicos y económicos», añadió.

Estructura organizativa

Las posibles incompatibilidades serán similares a las que ya se aplican en nombramientos de otros organismos, y los mandatos durarán seis años improrrogables. El Consejo de Administración de la nueva CNMC contará con nueve miembros a propuesta del Gobierno pero que deberán ser ratificados por la comisión parlamentaria del ramo.

El organigrama de la nueva comisión contará con cuatro direcciones -de competencia, telecomunicaciones, audiovisual, y energía y postal- y tendrá «funciones en todos los mercados regulados y en todo el territorio español» relativas a supervisión y control, instrucción y resolución, arbitrajes y resolución, y consulta.

La CNMC agrupará así a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT), de la Energía (CNE), el Comité Regulador Ferroviario, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, y la Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Además, con este proyecto se suprime la nonata Comisión Nacional del Juego.

Objetivos de la reforma

De Guindos subrayó que la reforma de los organismos reguladores «no pone en duda ni los principios fundamentales de la existencia de los supervisores ni rebaja el nivel de protección a la competencia o la regulación«. «La nueva institución continuará impulsando y defendiendo la competencia y la regulación sectorial con un elevado nivel de exigencia», insistió.

De hecho, a su juicio, la unificación de los organismos también permitirá tener mercados «más eficientes y competitivos» lo que, a la postre, redundará en una mejora de su productividad y en beneficios tanto para las empresas de los diferentes sectores regulados «Se reforzará la competencia y la flexibilidad de los mercados, se simplificará la regulación, se reducirán los trámites y se mejorará la profesionalidad de la supervisión», defendió el ministro, asegurando que esta reforma «evitará duplicidades y competencias solapadas», lo que también aportará eficiencias económicas, sin «afectar al marco sustantivo» de las normativas implicadas.

El titular de Economía añadió asimismo que es «oportuno» abordar una reforma de este sistema tras décadas con su actual configuración, lo que conllevó una «proliferación excesiva» de organismos, que han «asumido competencias sin relación» con sus funciones y objetivos originales, lo que  condujo a «ineficiencias y fallos de coordinación».

«Es de esperar que un cambio de modelo, incluso si es sólo institucional, produzca un debate entre expertos. Es bueno, pero no hay un modelo mejor que otro. Cada alternativa tiene ventajas e inconvenientes en función del contexto. El actual es muy especial, y todo lo que mejore la eficiencia y la profesionalidad de las administraciones debe realizarse porque contribuirá al objetivo general de la política económica que requiere la situación», zanjó.