El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020), una iniciativa que contempla 124 actuaciones de diez ministerios en 26 ámbitos relevantes para el sector, con un impacto económico estimado de 82.842 millones de euros en el horizonte 2011-2015. Dicho impacto económico, según figura en la reseña del Consejo de Ministros, se refiere al esfuerzo financiero de la Administración del Estado -programas con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado-, así como a beneficios fiscales que constituyen ingresos que dejan de percibirse, líneas de crédito de entes públicos como el ICO, o los avales del Tesoro y de otros entes públicos.

Una vez aprobado, el Ministerio de Industria ha explicado que estas previsiones económicas «son consistentes con el compromiso de reducción de déficit adquirido por el Gobierno ante la Unión Europea».

De esta forma, algunas medidas, como el Plan de Trasporte Ferroviario, contemplan también financiación de las autoridades autonómicas y locales, así como la posible aportación de fondos privados, aunque estos últimos no están cuantificados en las estimaciones del plan.

El Plan Integral de Política Industrial se basa en seis ejes principales: elevar el peso de la industria en el PIB; mayor impulso de la innovación y la I+D; apoyo a las pymes con más de 35.000 millones de euros; promover la internacionalización de las empresas y mayor atención a los sectores estratégicos.

Por lo que respecta al peso que deberá tener la industria en la economía, el Gobierno se ha fijado elevar su peso en el PIB del 15 al 18% dado que, según ha explicado el titular de Industria, «se ha demostrado que las regiones más industrailizadas han sufrido menos la crisis». Para lograrlo, el esfuerzo financiero se calcula que rondará los 31.300 millones de euros, mientras se prevén medidas como la mayor liberalización de los mercados eléctrico y gasista, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), el Plan Estratégico para el impulso del transporte ferroviario y la modificación de la Ley de Puertos. A estas iniciativas se suman los programas de la Administración sin papeles, la reordenación del espectro radioeléctrico y la ordenación de la Formación Profesional.

En materia de Innovación e I+D, las medidas buscan apoyar la incorporación de investigadores en empresas y la formación. Se incluyen, además, medidas para proteger la propiedad intelectual e industrial. El esfuerzo financiero previsto alcanza los 8.000 millones de euros.

Uno de los ejes fundamentales es el capítulo dedicado a las pequeñas y medianas empreas (pymes), para las que se prevé una invesrión de 31.500 millones de euros para aplicar medidas de apoyo al crecimiento y la creación de nuevas empresas, mediante la financiación y el asesoramiento a las Pymes y emprendedores a través de las líneas de crédito del ICO y de los préstamos participativos de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), y el plan de avales de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

Por lo que respecta a la internacionalización, con un impacto económico estimado de 2.800 millones de euros, se incluyen medidas para promover la internacionalización de la industria española, a través de la formación, la ayuda en la búsqueda de nuevos mercados, el apoyo financiero y el asesoramiento, especialmente para las Pyme. También destacan los fondos de internacionalización FIEM, FIEX y FONPYME, las Becas ICEX, los planes de Desarrollo de Mercados y el Plan Licita para apoyar a las empresas españolas en procesos internacionales de licitación.

Finalmente, para los sectores considerados estratégicos para la economía se destinará una inversión de 9.400 millones, que se distribuirán entre la automoción, el sector aeroespacial, la biotecnología, tecnologías sanitarias y farmacéuticas, las tecnologías de la información y contenidos digitales, la industria de protección medioambiental, las energías renovables, la eficiencia energética y la agroalimentación.