La primera gran privatización de Mas se complica. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña, dependiente de la consejería de Presidencia, ahora en manos de Francecs Homs, ha anulado administrativamente por la vía ejecutiva la concesión a Acciona de la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), después de estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Aguas de Barcelona (Agbar), compañía que rivalizó en el concurso de la primera privatización realizada por el gobierno catalán de Artur Mas. El organismo administrativo que ahora paraliza la adjudicación se basa en que Acciona no garantiza inversiones en el horizonte del año 2022, “imprescindibles” según el concurso. Sin embargo, en el proceso de adjudicación la Generalitat otorgó cero puntos a Acciona en este capítulo, cuando Agbar y ahora el organismo de Presidencia del gobierno catalán alegan que anulaba la concesión.

La Generalitat aprobó en noviembre que el consorcio empresarial liderado por Acciona asumiría a partir del 1 de enero de este año la gestión de la empresa pública ATLL. Para que se realizara antes de que acabara el año 2012 el primer pago de 300 millones de los mil en que está valorada la concesión, la Generalitat en funciones firmó el pasado 27 de diciembre el contrato con Acciona y la compañía de la familia Entrecanales abonó la cantidad acordada como pago del primer tramo del canon. El contrato por la gestión y explotación del servicio de captación y potabilización del agua que presta ATLL es por una vigencia de 50 años, y lo firmó el secretario general del departamento de Territorio y Sosteniblidad, Pau Villòria, y el presidente de Acciona Agua, Luis Castilla, justo en el mismo momento en que tomaban posesión de sus cargos los nuevos consejeros que integran el segundo gobierno del presidente Artur Mas. Se da la circunstancia de que el consejero que negoció el acuerdo, el convergente Lluis Recoder, no ha querido formar parte del nuevo ejecutivo catalán por voluntad propia, aunque se mantiene como diputado autonómico.

Los 300 millones abonados el día 27 en el mismo momento de la formalización del contrato han servido para que la Generalitat cumplimentara los salarios de diciembre de todos sus funcionarios, mientras que los 700 millones restantes en que se valora la operación deberían desembolsarán de manera progresiva durante el plazo de la concesión, que tiene una vigencia de 50 años.

La decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de estimar parcialmente el recurso especial de Agbar supone un episodio más de la pugna entre la compañía barcelonesa presidida por Ángel Simón y Acciona en el proceso de privatización de ATLL aunque.

Fuentes de Acciona consultadas por Efe afirman que la decisión del organismo de Presidencia no paraliza el proceso y han expresado su disconformidad, por lo que barajan posibles recursos legales, aunque consideran que la adjudicación de la gestión sigue siendo válida y vigente, al tiempo que recuerdan que tienen un contrato firmado que vincula a ambas partes, a Acciona y a la Generalitat catalana. En todo caso, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat ha recordado que su decisión puede ser recurrida, en un plazo de dos meses, ante al Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La tensión en el proceso de privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha acompañado a todo el proceso. Antes de que la Generalitat adjudicara la explotación del agua de Barcelona a Acciona, su gran competidora, Agbar, aseguraba que Acciona “ha ido a reventar” el proceso al presentar una oferta con unos números que “no cuadran” y ponen en peligro la viabilidad económica de la concesión. Según Agbar, la propuesta económica formulada por Acciona “no es equilibrada” y no se puede financiar. Por su parte, Acciona sacaba pecho al haber obtenido 87 puntos frente a los 51 puntos de Agbar en el proceso concursal.

El grupo presidido por José Manuel Entrecanales asegura que la tarifa que propone cobrar por cada metro cúbico de agua potable (0,7088 euros) es mucho más económica que la que pretende cobrar Agbar (0,79 euros), lo que permitirá ahorrar 855 millones de euros a lo largo de los 50 años de concesión. Agbar se mostraba también sorprendida por el hecho de que Acciona se haya comprometido a mantener todos los puestos de trabajo de ATLL durante 600 meses, es decir, durante 50 años. El grupo presidido por Ángel Simón cree que “no es sensato” formular esta promesa. En su oferta garantizaba mantener el empleo de todos los trabajadores durante 60 meses.