La  decisión del Ministerio de Industria de eliminar los topes fijados por ley al llamado déficit tarifario, que establecía que en 2012 el agujero que se origina cuando los ingresos no cubren los costes de las actividades reguladas no podría superar los 1.500 millones de euros, ha causado estupor en el sector. Pese a que las fechas festivas dificultan el análisis pormenorizado por los expertos de esta medida y qué datos y previsiones del departamento hay detrás, medios del sector consultados estiman que  no se trata únicamente que el déficit de 2012 se habría cerrado con una cifra en el entorno de los 5.000 millones de euros, si no que además el «desfase» en el ejercicio que acaba de comenzar puede presentar cifras similares. Hay diversos datos que apuntan en esa dirección, pero en realidad el más relevante es el más directo: que el departamento que dirige José Manuel Soria haya optado por renunciar al objetivo, que había reiterado a lo largo de los últimos meses y, más precisamente, en las últimas semanas, que apuntaba a que el déficit estaba controlado en los niveles previstos para 2012 y que sería nulo en 2013. A este factor ser une las proyecciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que indican que el saldo negativo entre los ingresos y los costes regulados se elevará a 5.716 millones de euros en 2013, en un escenario de congelación de los peajes como el que Industria ha diseñado, para en teoría evitar que las tarifas se disparen en dos dígitos.

Además en este complejo sector, detrás de la eliminación del tope al déficit hay muchos factores, desde la decisión de Hacienda de no incluir en los Presupuestos del Estado partidas destinadas a aliviar las cargas del sistema eléctrico a la evolución, más negativa de lo previsto, del consumo de electricidad. Como consecuencia, el Gobierno admite que, dado que el déficit será más elevado, habrá que recurrir en mayor medida a la titulización de deuda eléctrica, o lo que es más concreto, «el importe que resulte de la liquidación definitiva de la CNE».

En este contexto, y teniendo en cuenta que la colocación del déficit deberá «competir» con la elevada refinanciación de la deuda del Estado, las empresas eléctricas temen que una elevada deuda unida a este concepto siga pesando en sus balances y que añada incertidumbres y riesgos que influyan negativamente en los mercados y en los ratings que las agencias de calficación adjudican a sus deudas.