La llegada del nuevo responsable de la política energética, Alberto Nadal, al ministerio de Industria coincide con una etapa de incertidumbres y desconcierto en el sector eléctrico. A la entrada en vigor de la ley de sostenibilidad, con medidas de carácter recaudatorio pero que no tiene como objetivo la apuesta por un modelo para el sistema y la corrección de sus actuales deficiencias, se han unido otras resoluciones que han creado más dudas entre las empresas y los expertos del sector. Está, por un lado, la decisión de congelar los peajes -que son uno de los soportes para afrontar los costes de las actividades reguladas y que pesan en el entorno del 50% en la formación de la tarifa-, y, por otra parte, la publicación por sorpresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de una norma anterior que se traduce en la renuncia a poner un tope en el déficit tarifario.

Son dos aspectos que van en la misma dirección. Además de admitir el fracaso en el objetivo de reducir el déficit en los 1.500 millones previstos para 2012 y alcanzar el equilibrio en 2013, la Administración confía en la titulización de esa deuda, con aval del Estado, la solución de los desequilibrios. Se trata de unas cifras que se acercarán a los 5.000 millones en el año que acaba de concluir, y que se situarán entre los 3.000 a 4.000 millones en este ejercicio. En el caso de este año la variación dependerá tanto del efecto del aumento de la fiscalidad a la generación en un 7% y de otras tasas como de la evolución de la demanda.

El incremento del agujero eléctrico -combatir contra él era el primer objetivo del titular de Industria, José Manuel Soria- se traducirá en la obligación de financiar durante una etapa indeterminada los nuevos desfases que se produzcan entre ingresos y costes regulados. Un tema que lastra las cotizaciones y los ratings de unas compañías intensivas en capital, ya que convertir esta deuda en títulos para los inversores institucionales depende de las circunstancias del mercado, de la evolución de la prima de riesgo y tiene además que competir con el «papel» que emiten tanto el Estado como las empresas.

Quedan otras derivadas sin conocer relacionados con la tarifa de 2013, en la que está previsto incluir una aumento gradual en función del consumo. Son aspectos que recaen, así como del inicio de conversaciones con las empresas y operadores implicados en un sistema eléctrico que se hace gradualmente más complejo, en Alberto Nadal.

Pero las incertidumbres, según medios del sector, se extienden al modelo previsto para el futuro, con temas que habían sido adelantados por Soria, como la gradual desaparición de la tarifa del último recursos (TUR), que iba a obligar a millones de consumidores a salir al mercado a contratar los servicios, como ocurre en la telefonía. Este cambio se planteaba como un «regalo» al sector, pero ahora se producen más dudas sobre cuándo y si se llevará cabo estas remodelaciones. Otro tema básico es el marco para el desarrollo de las energías renovables, cuyas primas son, a juicio de las empresas agrupadas en Unesa -Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Cantábrico y Eon- la principal causa de un déficit que supera los 25.000 millones de euros.

De cómo se plantean estos temas desde Industria depende también que las eléctricas- juntas o de forma individual- inicien nuevos recursos y procesos legales contra la Administración. En los mismos medios se teme que la llegada de Nadal -hermano de Älvaro Nadal, asesor de Rajoy y un hombre muy influyente en Moncloa- eleve el poder del titular de Hacienda, Cristobal Montoro, que se ha enfrentado incluso publicamente de decisiones de Soria.