En materia de vacaciones navideñas, los diputados y senadores son campeones de la elasticidad. Estiran sus días de asueto hasta la primera semana de febrero, y los corresponsales parlamentarios, siempre caninos, hemos de dedicarnos a extraer la sustancia de algún hueso escondido en algún rincón poco hollado como las respuestas por escrito de los ministros a los diputados que, de cuando en cuando, traslada el secretario de Estado de Relaciones Parlamentarias y Constitucionales, José Luis Ayllón.

La penúltima resma contiene algunas respuestas tranquilizadoras, como esta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro: “Si se modificase el régimen fiscal de las SICAV se perdería para España el negocio que genera la administración de las 3.056 existentes, tanto para sociedades gestoras como para las entidades depositarias”. Como es sabido, las Sociedades de Inversión Colectiva en Activos Variables (SICAV) tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, lo que constituye un auténtico chollo respecto a las empresas. De ahí que los capitalistas o inversores principales –sean Botín, la duquesa de Alba u otros tres mil–, acompañados por grupos de mariachis, hayan optado por esa fórmula desde hace años.

Sostiene Montoro que los rasgos generales de este régimen fiscal no son tan negativos para la hacienda pública como parece, pues los inversores (accionistas o partícipes) tributan cuando transmiten las acciones o participaciones y cuando reciben los dividendos en el IRPF a los tipos correspondientes a la base del ahorro, y que las SICAV son unos vehículos excelentes de canalización colectiva de la inversión, por lo que “hay que ponderar detenidamente los efectos de la deslocalización” si se les apretaran las clavijas fiscales, como desde hace años pide la izquierda.

Si los “sicatenientes” pueden dormir tranquilos, también lo pueden hacer los vecinos del gran Bilbao, pues aunque el puerto se haya convertido en la principal puerta de llegada de dióxido de uranio en polvo, enriquecido en Reino Unido y con destino a la fábrica de combustible nuclear de Salamanca, el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura al portavoz de Amaiur, Iñaki Errekondo, que no hay peligro de radiactividad. “El transporte de material radiactivo y de mercancías peligrosas –le dice– está regulado en España por una serie de reglamentos que remiten a acuerdos normativos internacionales en cuanto al diseño del embalaje y otros más específicos sobre las peculiaridades del medio”.

Y a continuación le enumera la normativa de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, las disposiciones internas y unas clasificaciones que, sin ninguna duda, los agentes de aduanas y, sobre todo, de la Guardia Civil –que el ministro no menciona– conocen al dedillo y se saben de memoria. Todo ello para acabar reconociendo que “los requisitos específicos para los bultos que contienen materiales fisionables –como el transporte de uranio enriquecido a menos del 5% por el que se interesó Errekondo (12,5 toneladas)– exigen un embalaje capaz de resistir las condiciones de un accidente grave (bultos tipo B y C)”, pero que en el caso que nos ocupa el embalaje era “exceptuado” o de “tipo A”. Pero no hay que preocuparse, afirma el ministro.

¿Y eso por qué? Porque, según añade ese Soria en la ampliación de su respuesta a Errekondo, “la mayoría (alrededor del 90%) de los transportes exceptuados o de tipo A han aguantado unas condiciones más exigentes que aquellas para las que han sido diseñados, según revelan las estadísticas de accidentes”. Y además, el transporte del material radiactivo fisionable venía certificado por la autoridad competente de Reino Unido y había sido aprobado por la dirección de política energética y minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear español, agrega el ministro. Osease que mayor tranquilidad no cabe.

Los que definitivamente pueden reposar tranquilos son los fusilados por el franquismo durante y después de la guerra y arrojados a fosas anónimas en campos y cunetas, pues, según la respuesta del Gobierno al socialista José Luis Ábalos, después del recorte de las ayudas a la investigación, en julio pasado, por importe de 1,62 millones de euros, el Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha decidido cancelar definitivamente en 2013 la partida para la recuperación de la memoria histórica. “Y ello, no porque el Gobierno no esté comprometido con la aplicación de la Ley 52/2007, sino porque es indispensable ajustar el Presupuesto a las disponibilidades económicas. En consecuencia y habiéndose podido sufragar proyectos de esta naturaleza durante un periodo de tiempo razonable como han sido los últimos 6 años, se ha optado por dar prioridad a otras partidas”. Mayor sinceridad no cabe.