Como era de esperar, los recortes, el controvertido anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y el talante de Wert en el día a día de su tarea al frente de Educación han centrado las críticas.

Con carácter general y con independencia de la mayor o menor proximidad ideológica al partido que sustenta el Gobierno, todas las organizaciones  califican 2012 como un “año muy malo” y sus esperanzas para 2013 son muy escasas.

 Además de los recortes que han lastrado la calidad de la enseñanza, la inmensa mayoría de la comunidad educativa se siente menospreciada por Wert. Así, los padres reclaman mayor participación, los profesores exigen una mayor consideración no solo económica sino profesional y social, y los alumnos tampoco se ven atendidos adecuadamente.

No hay que olvidar que en 2012 se han producido despidos masivos de docentes –algunos los elevan hasta 80.000– y se han suspendido por razones económicas  programas destinados a paliar las desigualdades y frenar el fracaso escolar, de los que se beneficiaban los procedentes de sectores desfavorecidos, o se han reducido becas  y ayudas con diferentes finalidades (comedor, transporte, etcétera).

La Lomce es el proyecto estrella de Wert, que se siente fortalecido por la mayoría absoluta de su partido y se esfuerza por asegurar que no se trata de un texto ideológico sino de una norma que busca el fin del fracaso escolar y el prestigio de la Formación  Profesional. Sin embargo, la afirmación del ministro en el Parlamento al asegurar que “nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes”, restringió el debate de una ley de gran alcance y levantó una agria polémica, que se ha visto acrecentada por el tratamiento de las lenguas vernáculas en el anteproyecto de ley, duramente contestado por Cataluña y en menor medida por el resto de las regiones con lengua propia.

Con independencia de este aspecto,  el texto del Gobierno y su proceso de debate ha disgustado a las comunidades, incluidas algunas del PP, por diferentes motivos, como se ha puesto de relieve en los reiterados fracasos de las convocatorias de la Conferencia Sectorial de Educación, que todavía debe acordar una memoria económica para la nueva ley.

Las previsiones del Gobierno apuntan a que la Lomce comience a aplicarse el próximo curso (2013-14), pero nadie puede garantizar que así sea porque faltan importantes trámites.

Universidad en la encrucijada

Educación tiene también como objetivo prioritario de esta legislatura la reforma universitaria, cuyos prolegómenos competen a un grupo de expertos designados, no sin polémica,  por Wert para que redacten un informe sobre el estado y necesidades de la institución superior, que servirá de falsilla de la correspondiente ley.

En este proceso de cambio de la Universidad se utilizan prejuicios y lugares  comunes, que solo consiguen crispar más una situación de por sí ya difícil.

Es cierto que existen duplicidades en la oferta universitaria, exceso de centros y, en algún caso, una deficiente gestión. Pero los rectores, que ni mucho menos se oponen a colaborar en la solución de los conflictos pese a que, como han denunciado, sus campus viven al borde de la asfixia económica,  recuerdan que no han sido ellos sino los políticos quienes en muchas ocasiones  han creado universidades con criterios más partidistas y electoralistas que académicos. Es verdad asimismo que no hay universidades españolas, salvo alguna excepción, entre los  150 o 200 primeros puestos de los rankings, pero el sistema de elaboración de estos listados de excelencia generalistas y los indicadores aplicados ofrecen datos que son cuando menos  discutibles y no reflejan con fidelidad la situación. .

En cualquier caso, parece que la reforma universitaria no se afrontará con decisión hasta que la Lomce entre por una vía segura y rápida. Abrir otro frente –y este es muy complejo– ahondaría en el caos ya existente y nadie quiere pagar un peaje excesivo. No solo hay que tratar del exceso de centros sino también de la financiación, cada vez más difícil, del gobierno (la denominada gobernanza) de las universidades o de la investigación, entre otras cuestiones.