Los romanos, que tantas calzadas y obras públicas hicieron, eran “sinceros” en el sentido de que no tenían ceros y utilizaban las letras para numerar, es decir, los “números romanos”. Todo lo contratio de lo que ocurre en nuestros días, cuando la primera obligación de los que desvivimos en este mundo falsario es desconfiar de los números. Así, por ejemplo, en el Presupuesto-programa del PP que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha llevado a toda prisa al Congreso, donde comenzará a discutirse el 25 de agosto, hay más falsedad que sinceridad, más sombras que luces, más incertidumbres que certezas.

Nos dice el Gobierno que la economía crecerá un 3% en 2016, pero no se atreve a decir qué sectores tirarán del PIB hacia arriba. Nos dice el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que esa previsión es “conservadora”, pero no se atreve a añadir las décimas que faltan. El empleo crecerá en el mismo porcentaje del 3% y se crearán 600.000 puestos de trabajo el año entrante, el mismo número de ocupaciones que en 2015, pero lo que vemos no es más actividad sino un reparto de la que hay, con contratos a la carta o al gusto de los empresarios.

De toda la contratación laboral que se produce en España, sólo el 6% es fija y sólo el 4% a jornada completa. Con razón dice Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida (IU), que el Presupuesto de Montoro y Rajoy “está diseñado para seguir descuartizando el empleo” y cita el ERE de Indra para prescindir de 1.800 trabajadores como ejemplo de lo que está ocurriendo en el sector industrial y en las empresas que investigan y alcanzan un alto valor añadido.

El Presupuesto-programa del PP tampoco es sincero en la contención del déficit público al 2,8%. Remite a las autonomías el mayor esfuerzo al impedirles por ley que superen el 0,3% mientras se reserva el restante margen del 2,5% para el poder central. Hay comunidades gobernandas por el PP hasta junio pasado (Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana) que ya a mitad de este año superan el 0,7% de déficit que tenían asignado. Se comprenderá que el 0,3% haya sido tachado de “injusto e irreal”. Es verdad que los 7.500 millones que van a recibir en 2016 sobre la financiación prevista pueden ayudar a sobrellevar la situación, pero esa cantidad suplementaria no es una mejora de la financiación, como trata de hacernos creer el Gobierno, sino el resultado de la liquidación fiscal de 2014, que fue mejor de lo previsto y por una vez salió a favor de las autonomías.

Si son las administraciones autonómicas las encargadas de sufragar los tres pilares principales del Estado social: la sanidad, la educación y la dependencia y servicios sociales, sólo se entiende el mayúsculo desajuste de casi un punto del PIB contra ellas, con la consiguiente imposición de recortes, por la defectuosa previsión de mentes tan preclaras como las de Montoro y su equipo de hacendistas. Lo contrario sería mala fe o ganas de hacer daño a la población. Por lo demás ya es sabido que la imputación a deuda pública de las grandes cifras –saneamiento bancario, pago a proveedores y financiación o créditos a bajo interés a las autonomías, entre otros conceptos– ha facilitado la reducción del déficit según la estipulación flexible de las autoridades de Bruselas.

Las cuentas del Reino para 2016 reflejan una reducción de más de 5.000 millones de euros en la cobertura al desempleo y de otros 2.500 millones en los intereses de la deuda. ¿A donde va a ir ese ahorro?, le preguntaron a Montoro. “A reducir el défit”, contestó con lógica aplastante. El Gobierno confía en que el bono a diez años se mantenga en el 1,3 o 1,4% y que el conjunto no supere el 2,2%. El bono alemán está al 0,8%. Ese es “el gran esfuerzo” de reducción del déficit. El otro, el que se deriva de la partida para el desempleo, que ha pasado de 30.000 a 25.000 millones y a 20.000 en 2016 se explica, según el Gobierno, por el descenso del paro.

De nuevo aquí el Ejecutivo escamotea la verdad, pues lo que ha hecho es reducir el periodo y la cuantía del subsidido de desempleo. El resultado es que dos de los cinco millones de parados no reciben ayuda alguna. Ante esa realidad cabe preguntar si no causa sonrojo en los gobernantes su afirmación de que más del 50% del Presupuesto es para gasto social. Siempre lo ha sido, pero más allá de la masa monetaria, la realidad es que las pensiones de la Seguridad Social no subirán más del 0,25%, para la dependencia no hay más dinero (aumenta la masa en 70 millones de euros) y, por ejemplo, para los programas contra la plaga de la violencia de género sólo hay 25 millones de euros, cinco menos que hace cuatro años. Puestos a hacer comparaciones, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernándo, ha destacado que el “gasto social” será del 53,5 frente al 58% de hace cuatro años.

Sin que la Seguridad Social haya recuperado todavía los 17 millones de cotizantes reales, el Presupuesto-programa del PP le atribuye un déficit del 0,3% el año entrante, pero ese porcentaje tampoco es creíble, tanto por la tabla de población que se jubila como por el hecho de que este año ya va por el 1,1% de déficit pese a las constantes apelaciones a la hucha de la reserva de las pensiones, de la que se han gastado 30.000 millones desde 2012 y acabará este ejercicio con una reserva estimada en torno a 38.000 millones de euros.

Tras el adelanto de la reducción del IRPF al 1 de julio pasado, el ministro de Hacienda ha deslizado el anuncio electoral de una nueva reducción fiscal que, sin embargo, no ha trasladado al Presupuesto. Las cuentas sólo contienen la previsión de bajar del 30 al 28% el impuesto de sociedades, que va íntegramente al Gobierno central y cuya recaudación experimenta, paradógicamente, un crecimiento porcentual inferior a los demás impuestos. Pero no hay que desesperar. La concreción del anuncio se materializará en el último momento para que la gente no se olvide de ella cuando vaya a votar.