Aquella persona que siente peligrar en forma cierta su actual status económico y por tanto social, sin forma clara de sustituir sus actuales ingresos, se convierte en una persona peligrosa. Es persona proclive a la corrupción en cualquiera de sus múltiples formas, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

Sin embargo, ciudadanos que se han incorporado a la política desde sus puestos de empresarios, de profesionales, de docentes, o de trabajadores en cualquiera de las posibles actividades existentes, y que mantienen durante un cierto número de años su capacidad de volver a la actividad, que han abandonado durante su tránsito por puestos políticos,  marcharán o verán el término de la actividad política sin el excesivo temor ni angustia que pueda trastocar su sistema de valores inicial.

Dado que es imposible una selección previa de candidatos a los innumerables puestos que suponen el vivir de la “cosa pública”, nuestra Constitución no lo permitiría, es preciso encontrar otro camino que no sea el de una constante amenaza de aplicar a conductas incorrectas normativas penales, que como se viene demostrando son notoriamente ineficaces.

Creemos que la única vía actualmente posible, es la limitación de permanencia en cargos políticos a un número de años no excesivo, ocho años parece un buen límite. Permite que quien tenía una actividad anterior no pierda actualidad en conocimientos necesarios para recuperar el ejercicio de la misma, y minora la expectativa de poder forzar la capacidad de influencias y conocimientos que el cargo, nombramiento o designación pueda proporcionar.

Tengamos en cuenta que cuando la sustitución de quienes encabezan los organismos políticos se produce, una especie de “tsunami” recorre el organismo de arriba abajo, cambian asesores, directores y gerentes de organismos de toda clase,  e incluso los denominados despachos de influencias se cierran y abren. Ello produce una corriente de aire saludable y de purificación del ambiente, que lo más probable es que con un cierto ritmo se vuelva a estropear, pero ocho años son pocos para que se pudra del todo y sólo de eso se trata.

Se me olvidaba: los capítulos de subvenciones de todo el ámbito estatal, autonómico y municipal sufrirían una depuración inicial totalmente benéfica, que evidentemente  terminará degenerando, pero repetimos ocho años pueden aguantarse y la expectativa de la próxima llegada del término del mandato aleja la esperanza de impunidad.

Licenciada en Derecho y máster en Asesoría Fiscal y Tributación, Elisa Martínez de Miguel trabajó durante tres años en un bufete especializado en Derecho mercantil. En 1991 se incorporó al Grupo Taper, empresa del sector industrial donde durante seis años fue responsable de las áreas de Administración y de la organización de las filiales españolas. Además, se responsabilizó de las áreas de Recursos Humanos y Comunicación. Martínez de Miguel se incorporó al Grupo Neumann en 1998.