Miguel Ángel Flores, máximo responsable de Diviertt, ha sido condenado a cuatro años de prisión por la tragedia del Madrid Arena, la fiesta de Halloween celebrada el 1 de noviembre de 2012 en el pabellón municipal de la Casa de Campo de Madrid en la que murieron cinco jóvenes. La Audiencia Provincial de Madrid le considera culpable de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 29 de lesiones por imprudencia grave.

La promotora de la fiesta, vendió muchas más entradas de las que permitía el aforo (10.620 frente a casi 17.000, aunque según las investigaciones llegaron a acceder al recinto todavía más personas), provocándose una salvaje avalancha mortal en uno de los accesos.

La sentencia condena también a tres años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al responsable de Madridec (la empresa pública propietaria del Madrid Arena), Francisco del Amo, y al director general de Diviertt, Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 35, les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión.

Absuelve, sin embargo, al jefe de Policía Emilio Monteagudo y a los doctores Simón y Carlos Viñals. Los jueces creen que el operativo policial organizado por el Ayuntamiento, «a pesar de la precariedad, no tuvo influencia en lo sucedido». Y sobre los médicos, «pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran», no está probado que si médicos hubieran actuado correctamente podrían haber evitado que las jóvenes fallecieran, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio y el que transcurrió hasta que pudieron ser rescatadas.

Los magistrados consideran también que los coordinadores de Seguriber Juan José Paris y Raúl Monterde son responsables en menor grado y les impone una pena de multa (doce meses a una cuota diaria de 10 euros).

También consideran que el responsable de seguridad Rafael Pastor cometió infracciones constitutivas de falta, que en la actualidad están despenalizadas, por lo que es absuelto, si bien debe responder, junto con todos los anteriores, del abono de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, que giran en torno a los 350.000 euros para cada familia y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.