Después de cinco años de negociaciones, el sector de los servicios de prevención de riesgos laborales acarician un acuerdo que ampare a sus 20.000 trabajadores con un nuevo convenio colectivo.

En la última reunión, los negociadores pactaron alzas salariales del 1,1% para 2017 y del 1,2% en 2018, que ahora deben ser ratificadas, informan desde CCOO.

La historia del nuevo convenio de prevención es una historia de desencuentros. El pasado mes de julio, y después de cinco años sin acuerdo, los negociadores pactaron una salida transitoria. Un convenio de mínimos que permitiera restablecer la confianza y sanar heridas de un relación “muy deteriorada” tras cinco años de pelea.

Este documento de mínimos, que ahora deberán estudiar las cúpulas patronales y sindicales, respondía a la ruptura de la negociación que llevaron a cabo los sindicatos en diciembre de 2015, ante el “bloqueo” de las negociaciones del que responsabilizaban a la parte patronal.

Otras fuentes señalan que buena parte de la culpa de esta situación de bloqueo se debe a las luchas internas que en este período se produjeron en las patronales Aspa, Anepa y Aspren, que aglutinan a la mayoría de los servicios de prevención ajenos, en manos de las Mutuas en su mayoría.

Alzas del 1,1% en 2017

A falta de ser ratificado, el nuevo convenio establece subidas salariales del 1,1% en 2017, y del 1,2% de 2018. Y establece una garantía de incremento salarial mínimo del 0,7% para 2017, y del 0,8% para 2018.

Además, plantea la creación de un observatorio sectorial de la prevención, que elabore un mapa del sector, sirva como interlocutor ante la Administración y promueva buenas prácticas.

Además creará un grupo de trabajo que comience a dialogar a fin de sentar las bases del tercer convenio sectorial. Y contempla añadir una disposición transitoria que permitiría aplicar la compensación y absorción excepcionales del complemento de diferencia salarial con un límite temporal del 31 de diciembre de 2018, en ausencia de otras vías para hacerlas posibles.

Según CCOO, las organizaciones empresariales han valorado positivamente la propuesta y han mostrado una actitud “favorable” al acuerdo, si bien deben someter el texto a la aprobación de sus órganos de gobierno.

Los negociadores volverán a reunirse el próximo 23 de febrero a fin de firmar un preacuerdo en los términos descritos, o bien enfrentarse a una nueva ruptura de conversaciones.