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El objetivo de dicha acción, parte de lo que se denomina ‘guerra de la información’, consiste en obtener un resultado favorable a unos intereses particulares y pactados de antemano. Quizá uno de los casos más conocidos, entre otras cosas debido a su cercanía en el tiempo, sea el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. De hecho, la investigación para demostrar si realmente existió una coordinación de esfuerzos entre el Gobierno ruso y los directores de la campaña de Trump sigue todavía abierta. Sin embargo, según un estudio publicado por el Real Instituto Elcano, no es necesario cruzar el Atlántico para encontrar indicios de manipulación y desinformación online.

Con el deseo de «desacreditar la democracia española y las instituciones europeas», Rusia difundió a través de las diferentes redes sociales una combinación de mensajes verdaderos y falsos sobre la situación en Cataluña. De acuerdo al mencionado informe, entre los contenidos transmitidos se encontraban la designación del uso de la fuerza por parte del Estado español como «violencia deliberada» y «práctica franquista» o la afirmación de que la UE había ordenado una acción represiva a España para evitar otro Brexit.

Ante este panorama, el informe Libertad de la Red 2017 de Freedom House revela una lista de países afectados por la manipulación y desinformación online en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017. En dicha lista destaca la presencia de al menos 18 Estados en lo que este tipo de estrategias desempeñaron un papel clave en las elecciones. Una realidad que no sorprende si se tiene en cuenta el creciente poder adquirido por las redes sociales debido a la globalización. Así, plataformas como Facebook o Twitter se han convertido en la principal fuente de información de una gran parte de la sociedad, sin que exista ningún filtro real que determine la veracidad del contenido compartido.

Como muestra esta infografía de Statista, existen múltiples maneras en que los gobiernos u otros agentes políticos pueden manipular la opinión pública y difundir información falsa en Internet. Entre las más frecuentes, no obstante, destaca la contratación de comentaristas que comparten la línea ideológica del partido en el poder y el uso de medios de comunicación afines al gobierno, con 30 y 33 países afectados por dichas tácticas, respectivamente.