Que las derechas detestan a Pablo Iglesias Turrión es un hecho tan cierto como la animadversión que el otro Pablo Iglesias, el de la imprenta, el fundador del PSOE y la UGT hace 140 años, suscitaba en los tatarabuelos terratenientes y opulentos explotadores de obreros, pero la demostración de la tirria contra el movimiento de los indignados, a los que llamaban “perroflautas”, más tarde articulados en la formación política (Podemos) más democrática y participativa de nuestro país, después coaligada con Izquierda Unida en Unidas Podemos (UP), se ha convertido en el eje principal del programa político del PP contra el Gobierno de mayoría socialista de Pedro Sánchez.

Al PP le vale todo. Sus directivos se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque el mandato de ese órgano constitucional haya caducado hace más de dos años. Pero cuando el Gobierno plantea una reforma para que el Parlamento, como expresión directa de la soberanía nacional, pueda soslayar la minoría de bloqueo (un tercio del Congreso, 117 diputados) y renovarlo por mayoría absoluta, entonces es porque quieren manipular el Poder Judicial para proteger al “aforado” Iglesias de las garras del Tribunal Supremo en el ‘caso Dina’. A amplificar esa especie dedicaron Pablo Casado y su excompañero jefe de la ultraderecha, Santiago Abascal, sus invectivas contra Sánchez en el último pleno del Congreso.

Como no están lejanos los tiempos en que Ignacio (Nacho) González y Eduardo Zaplana señalaban el nombramientos de un magistrado (Marchena) y de un fiscal anticorrupción (Moix) coo un par de Manueles propicios a sus intereses, es lícito apelar al refrán (“Piensa el ladrón que todos son de su condición”) para interpretar los denuestros de los jefes de las derechas. Por cierto que tampoco la ciudadana Inés Arrimadas se quedó corta en sus acusaciones contra la maligna intención de salvar a Iglesias que rezuma el proyecto de ley para renovar el caduco Poder Judicial. La vicepresidenta Carmen Calvo tuvo que recomendarle que se lea la Constitución.

En una sesión tan bronca como viene siendo habitual, Casado volvió a pedir a Sánchez que cese al vicepresidente Iglesias y además que tenga “el coraje” de defender en persona el estado de alarma “impuesto” en Madrid y además que “no mienta todo el tiempo” sobre el número de muertos por la pandemia. Y por si fuera poco aseguró que “en Europa ya ven a este país como un estado fallido, pero se equivocan, el único fallido es usted como presidente del Gobierno”.

Al margen de que Sánchez evitara entrar en la dinámica “crispada y provocadora” a la que, según dijo, la ultraderecha ha arrastrado al PP hasta hacerle perder su sentido de Estado y convertirlo en una formación antisistema, el jefe del Ejecutivo defendió la presunción de inocencia del vicepresidente y tuvo que recordar que, a diferencia de lo que ocurría con el PP, en su Gobierno no hay imputados, ni procesados ni condenados.

Luego ya, el propio Iglesias, en respuesta al número dos del PP, Teodoro García Egea, reprodujo la frase de marras de Nacho, el expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado por corrupción (“Vamos a controlar el Poder Judicial por detrás”) y resumió el mensaje de su sucesora, Isabel Díaz Ayuso, el domingo pasado en ABC (“La oposición soy yo, el Rey y el Poder Judicial”) antes de concluir: “Si Fraga levantara la cabeza les echaría del partido, no por fachas, sino por cretinismo”.

Lo cierto es que, según reiteró Casado, no habrá posible pacto con los socialistas para la renovación de los órganos constitucionales hasta que Sánchez no eche a Iglesias, al que consideró “el caballo de Troya” de la democracia. Dicho de otra forma: las derechas siguen sin asumir el resultado de las urnas y la única composición posible que tenía el PSOE, ganador de las últimas elecciones y de las anteriores, para gobernar. ¿Qué ha hecho Iglesias para merecer tantos insultos (incluido el de hijo de terrorista), tanta aversión y tanta inquina? ¿Ha robado, se ha enriquecido, ha matado? No. Lo que sí ha hecho es impulsar la ley del mínimo vital para que miles de personas que no tienen nada reciban ayuda económica (un populismo similar al del PNV en Euskadi) y, sobre todo, defender los ideales de libertad, justicia social y equidad fiscal. Y eso es muy grave, casi tan grave como que a la asesora jurídica de la dirección de UP Dina Bousselham le sustrajeran el teléfono y, ante la información extraída del aparato, presentara una denuncia como perjudicado.