Como era de esperar, el dato del paro al cierre del año 2020 es espeluznante. Más de 3,9 millones de desempleados oficiales en España, con un crecimiento de 724.532 parados en un año que registra, además, la mayor alza desde 2009 y rompe siete años ininterrumpidos de mejora, es un drama social y personal que no justifica la pandemia  y que debería encender las alarmas de la reflexión sobre la gestión de un gobierno y una política económica que distan mucho de ese aprobado alto que se adjudica Pedro Sánchez tras el examen de un tribunal de amigos, previamente aleccionados sobre los temas a tratar y las calificaciones a poner.

Pero hasta esta dramática cifra de personas sin trabajo podría considerarse como aceptable o mal menor si detrás de los datos registrados por el Ministerio de Trabajo no se escondiera una todavía más cruda realidad que nos lleva superar hoy los cinco millones de parados reales y en puertas de llegar a seis millones a lo largo de los seis primeros meses de este 2021 que se inicia.

Una cifra aterradora que resulta de sumar a esos 3,9 millones de desempleados oficiales, los 750.000 trabajadores afectados por los ERTE, que terminan el próximo 1 de febrero, los más de 500.000 excluidos de las listas oficiales por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de empleo con disponibilidad limitada, y los más de un millón de autónomos en cese de actividad por cierre de negocios.

Situación esta, que apunta a peor si tenemos en cuenta que todos los expertos coinciden en que en torno a la mitad de los trabajadores en ERTE no volverá a su puesto de trabajo y que Banco de España ha confirmado que un 10 por ciento de las empresas españolas se encuentran ya en riesgo de liquidación y no pasarán de 2021, con especial incidencia en las pequeñas y medianas que, como recordaba recientemente el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, representan el 99,8 por ciento de nuestro tejido empresarial -2.886.759 sociedades inscritas en la Seguridad Social con datos de 2018- y que empleaban a 10.410.325 trabajadores.

Y, ni siquiera el aumento simbólico de la afiliación a la Seguridad Social, con 7.350 personas más en términos desestacionalizados, puede servir para paliar las consecuencias del desastre porque como destacan en la CEOE este crecimiento recae principalmente en actividades sanitarias y servicio sociales, frente a la situación crítica que atraviesan algunos sectores de actividad cuya recuperación, hoy “se antoja imposible”.

Con estos datos y cuando la razón y la justicia exigen que la prioridad en la acción política y de la sociedad entera debiera ser la creación de empleo de la mano del crecimiento de la economía, aquí nuestro Gobierno se dedica a subir impuestos, en contra de las recomendaciones de la UE y de la práctica del resto de nuestros socios europeos, y a pone palos en las ruedas de la empresa cuando, como me comentaba mi buen amigo y presidente de honor de CEIM, Enrique Cornejo, “los empleos los creamos los empresarios, los políticos sólo crean funcionarios”. Amén.