Al margen del excelente y oportuno, una vez más, discurso del Rey Felipe VI reivindicando la memoria de su padre y reafirmando la vinculación entre la monarquía y una democracia plena y sin anomalías, lo más destacado de la conmemoración en el Congreso del fracaso del intento de golpe de estado del 23-F es que fueron más sonadas las ausencias que las asistencias.

Ausencias que no sorprendieron. Por los que faltaron a este homenaje a la democracia, los nacionalistas de ERC y Junts per Cat, los filoterroristas de Bildu y demás manada son los que no son demócratas, los nuevos golpistas, los que hubieran querido que triunfara el golpe. Ellos y sus amigos de Podemos, con los que comparten el objetivo de minar las instituciones y acabar con el sistema de libertades y el Estado de Derecho que consagra la Constitución de 1978. También falló el PNV, aunque estos, los herederos del más rancio carlismo, ya sabemos que sólo se sienten españoles para cobrar los réditos del chantaje permanente a que someten a los gobiernos del Estado.

Pero por encima de “rufianes” y de bufonadas, la ausencia más destacada y lamentada fue la del hombre que protagonizó el retorno de la democracia rompiendo con el régimen franquista, el que fue también quien paró el golpe y que, con su discurso vestido con el uniforme de capitán general, acabó con los aires golpistas en España.

Un Rey Juan Carlos que ha sido el gran ausente del homenaje en la Cámara de Diputados, que se vio obligado a asistir desde su retiro en Emiratos Árabes y que desde el inicio de su reinado trabajó para devolver a España la libertad, la concordia y el orgullo de pertenecer a un país homologable con las mejores democracias de Occidente.

Tal día como hoy, 23 de febrero, hace 40 años quien esto escribe, en los albores de su carrera profesional seguía atentamente, apoyado en la barandilla de la Tribuna de Prensa del Congreso, la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, había llamado al diputado Manuel Núñez Encabo, cuando un ruido de golpes interrumpió la votación mientras algunos ujieres intentaron, sin éxito, cerrar las puertas del hemiciclo.

La primera sensación fue de incredulidad, pero los disparos y el frío de una bala que me pasó muy cerca para terminar incrustándose en el techo, me devolvió a la realidad, al tiempo que el teniente coronel Tejero gritaba ese ¡quieto todo el mundo! que ha pasado a la historia más negra de esta España.

Miedo, sí; lo hubo entre sus señorías, los empleados del Congreso y, por supuesto, entre nosotros los informadores. Pero por encima del miedo se imponían dos sentimientos muchos más poderosos. La indignación y la vergüenza ante la intentona de unos pocos que amenazaba con acabar con la democracia, la reconciliación, las libertades y el Estado de Derecho que entre todos habíamos conquistado y que volvía a alejarnos de esa Europa a la que aspirábamos.

Indignación y vergüenza que hoy volvemos a sentir todos los demócratas españoles y, en especial, quienes participamos en la Transición y vivimos ese dramático 23.F, ante este nuevo asalto a la democracia que se está perpetrando desde las instituciones por los partidos populistas y nacionalistas que quieren acabar con ese marco de libertades que garantiza la Constitución del 78; y por esos bárbaros antisistema que protagonizan la violencia callejera como protesta por la condena de un patán que se autodefine como artista, la gracia que no quiso darle el cielo.

Un delincuente condenado que confunde, como todos los desequilibrados que le siguen, la libertad de expresión con la exaltación del terrorismo, la instigación del asesinato, la calumnia y las injurias. Actuaciones todas ellas tipificadas como delito en cualquier país civilizado y garante de los derechos y libertades colectivas e individuales.

Unos pandilleros sin ideología que están apoyados y alentados por una parte del Gobierno, los mismos que intentan controlar y fulminar la independencia del Poder Judicial que amenazan a los medios de comunicación independientes o hablan de anomalías democráticas, con la tolerancia o la pasividad de la otra parte, y ante la irresponsabilidad de una oposición constitucionalista divida en tres marcas que les incapacita para presentar una alternativa sólida y creíble. Esas sí son anomalías democráticas y no las mentiras que pregona miserablemente el vicepresidente segundo del Gobierno.