El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado en audiencia pública un paquete legislativo que incluye la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión
aplicable a las empresas de servicios de inversión.

Se incluyen tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Con este conjunto de normas se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas Directivas comunitarias. En primer lugar, la Directiva
2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de
inversión, que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora
obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para
estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de
negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se incluye una clasificación de las empresas de servicios
de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de
activos totales, y se otorgan a la CNMV potestades para establecer el
régimen aplicable, dentro de determinados márgenes, en función del
tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las
empresas de servicios de inversión. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

En segundo lugar, se incorporan a la normativa española los recientes
cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los
servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas
europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas
que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la
canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la
protección e intereses de los inversores.

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados
y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un
impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

Finalmente, se incluyen modificaciones del Reglamento de la
Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el
Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.

Mejora de la competitividad de los mercados de capitales en España

Además de la transposición de las Directivas europeas, este paquete
normativo introduce otra serie de novedades relevantes para mejorar la
competitividad de los mercados de capitales en España para la
financiación de la inversión y el crecimiento empresarial.

Se propone una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar
la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para
la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés). Estos vehículos tienen
como objetivo favorecer la salida a Bolsa de empresas, contribuyendo a la
diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para
empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo,
y reduciendo así la dependencia del crédito bancario.

Para que puedan conseguirse estos objetivos es clave asegurar la
adecuada protección de los inversores y para ello la propuesta se centra
en dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC.
Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija con
el objetivo de favorecer la competitividad de los mercados españoles en
este segmento tan importante para la financiación empresarial y se
propone la eliminación de determinadas obligaciones de información
aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación
y liquidación de valores, para alinear la regulación nacional a la normativa
comunitaria y a la de los países de nuestro entorno.