La estrategia de salida de la crisis está en discusión. Y todos pugnan por imponer su modelo en la mesa del diálogo social. Por un lado, el Gobierno trata de encauzar su propuesta de reforma laboral, que equilibra la balanza en favor de los sindicatos respecto a la normativa del PP. Por otro lado, los sindicatos tratan de aprovechar el momento para recuperar el poder perdido, y virar de paso hacia un sistema que diga adiós a la temporalidad y al despido. Por último, los empresarios, aliviados de la crisis por los ERTE, tratan de salvaguardar algunas de las medidas que facilitan la flexibilidad en sus empresas.

Hoy, el líder de Comisiones Obreras (CCOO), uno de los dos sindicatos que se sienta en la gran mesa de diálogo, Unai Sordo, demandó al Gobierno “valentía” para acometer los cambios que necesita el país, a su juicio.

El principal estriba en derribar el edificio legal construido por el PP en 2012 para salir de la crisis financiera gracias a una mayor facilidad para rebajar los salarios y dotando a las empresas de mayor agilidad a la hora de adaptarse a los baches.

Por aquella gatera se dejaron los sindicatos un buen puñado de pelos. El principal, un debilitamiento de su poder de negociación, sustanciado en la inferioridad normativa de convenios de sector frente a los de la empresa y otras cuestiones.

Ahora tratan de recuperar aquel poder perdido. Y piden además que el país olvide el modelo inaugurado en 1984, que permitió a las empresas basar su flexibilidad en el uso abusivo de los contratos de carácter temporal; y que provoca diversas aberraciones, como la pérdida de productividad, y escora la economía hacia un modelo de poco valor añadido, según sus críticos.

Los sindicatos desean poner fin a ese modelo que sacrifica a los temporales, como peones, cada vez que llega una crisis, incluyendo a la Administración. Y piden además, que se taponen las vías que facilitan los despidos.

CEOE se niega a renunciar a la temporalidad

Pero los empresarios se resisten. Por un lado, a renunciar al contrato de obra y servicio, y empezar en su lugar, como desea el Gobierno, a utilizar otro modelo, el contrato fijo-discontinuo, ensayado con éxito en el turismo, que convierte en indefinidos a los trabajadores de temporada.

Los empresarios dudan de que este modelo pueda extrapolarse a otras actividades, más allá del turismo. Y tampoco quieren otros de los postulados que arden sobre la mesa de negociación del diálogo social, como una nueva ley para contratas y subcontratas, con cambios en el Estatuto de los Trabajadores, que dote de los mismos derechos a sus trabajadores respecto de la empresa principal o del sector. O las nuevas normas que repartan de nuevo el peso en la negociación y gestión de los convenios colectivos, que llegaron a tildar de “marxistas”.

Un triángulo, sin embargo, donde los empresarios, cuentan en su tercer vértice con cierta debilidad en el Gobierno de coalición. Por un lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cabeza visible de Unidas Podemos, apuesta por impulsar esa contrarreforma laboral, de la que reniegan los empresarios, con barreras de contención al abuso de la contratación temporal y nuevas normas para la negociación de convenios colectivos.

Enfrente, y sentada en la misma mesa del Consejo de Ministros, Díaz se topa, sin embargo, con Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de Economía, más alineada, desde su partido, el PSOE, con la posición de los empresarios.

Imposición fiscal mínima

Finalmente, otro asunto quema en la agencia de cambios legales que afectan a la vida de las empresas y los trabajadores. Se trata de los impuestos. Y de una nueva exigencia, que ha ganado prestigio en la agenda internacional, como es obligar a que las grandes empresas paguen un mínimo del 15% de sus beneficios, y que Unidas Podemos pide que se aplique ya en España.

Según CCOO, esta medida permitiría dotar de recursos a las agotadas arcas del Estado en España. Con esos fondos se podría ir pagando la deuda y el déficit, disparados por culpa de la pandemia. Y encarar el delicado momento en que Bruselas apriete de nuevo el cinto, una vez que se considere superada la pandemia de Covid-19.

“Ahora mismo en una tentación utilizar los fondos europeos para tener unos Presupuestos Generales del Estado expansivos, pero sin hacer políticas fiscales ambiciosas. Y eso es un error”, advirtió hoy el líder de CCOO.

“Si España no hace sus deberes fiscales y lo fía todo a la llegada de los fondos europeos, antes o después, vamos a ir a políticas de recorte de gasto social y de gasto público. Y eso no se lo puede permitir nuestro país”, sentenció.